Nuevo sitio Represión del 20 de diciembre 24 Mayo 2016

Una sentencia con olor a justicia de clase

Tras más de dos años de juicio oral, y casi quince años después de la represión que el gobierno de la Alianza UCR-Frepaso desató para tratar de frenar la rebelión popular de las jornadas del 19 y 20 de diciembre, que se cobró 39 muertos en todo el país, y cinco en la CABA, la justicia federal dio a conocer su sentencia. Aunque por primera vez un funcionario del poder ejecutivo fue condenado por una represión masiva, el fallo es la pincelada final de un escenario de impunidad anunciada.

Represión del 20 de diciembre | Una sentencia con olor a justicia de clase

Eran apenas pasadas las 16:00 cuando el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 comenzó la lectura de la parte dispositiva de la sentencia en el juicio oral por la causa en la que se investigó la represión del 20 de diciembre de 2001 en la CABA. Hubo 8 absoluciones y 9 condenas, ninguna superior a 6 años de prisión. Nadie fue condenado por homicidios deliberados (dolosos), nadie fue condenado por ordenar la represión. El aparato estatal, una vez más, le encontró la vuelta para autopreservarse. Fue la consagración de la tesis del "desborde" individual, apenas si con un tímido reproche a los distraídos.

Los jueces José Valentín Martínez Sobrino, Rodrigo Giménez Uriburu y Adrián Martín, condenaron a Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad de la Nación, a la pena de 4 años y 9 meses de prisión por el homicidio culposo de Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos "Petete" Almirón y las lesiones a un centenar de manifestantes. Por los mismos hechos, Rubén Santos, ex jefe de la Policía Federal, recibió 4 años de cárcel.

Ninguno de los dos, principales acusados en un juicio donde brilló por su ausencia (y hasta declaró como testigo, cual observador imparcial, el principal responsable, el ex presidente Fernando De La Rua) fue condenado por represor y asesino. El delito por el que recayó la condena, homicidio culposo, está definido en el Código Penal como el que comete el que causa la muerte sin intención, por "negligencia, impericia, imprudencia, inobservancia de reglamentos o de sus deberes". Fueron condenados por ineptos, por inútiles, por distraídos, no por haber dirigido desde sus despachos uno de los operativos represivos más sangrientos que recuerda nuestra historia.

Los comisarios que integraban la cúpula de la PFA en 2001, la sacaron aún más barata. Raúl Roberto Andreozzi, Superintendente de Seguridad Metropolitana y Norberto Edgardo Gaudiero, Director General de Operaciones, fueron condenados a 3 años y medio y 3 años de prisión, mientras que otros cinco policías fueron condenados a penas de entre 3 y 6 años de prisión por el homicidio "en agresión" de Alberto Márquez, otras lesiones y "abuso de armas".

Aunque no conoceremos los fundamentos del fallo hasta el 4 de agosto, la historia de la causa nos muestra sin demasiadas dificultades cómo llegaron los jueces a esta conclusión. Desde el inicio de la causa, se intentó presentar el operativo policial montado el día 20 de diciembre en las inmediaciones de Plaza de Mayo como un conjunto amorfo, desorganizado y caótico de numerarios policiales que, sin responder a un comando unificado, actuó por propio criterio o respondiendo a oscuros impulsos interiores, ocasionando así que, en ese marco de descontrol, se produjera el desborde de agresividad que arrojó el resultado de muertos, heridos y detenidos arbitrariamente.

Esa tesis del "desborde", tan útil cuando de preservar al aparato represivo se trata, es la que ha triunfado en este juicio, que no incluyó al ex presidente De La Rúa porque todos, desde la primera jueza hasta la Corte Suprema, aceptaron su excusa de que no sabía lo que estaba pasando, porque se encontraba ocupado en atender "urgentes cuestiones de estado" en un despacho sin ventanas, ni televisor, radio, teléfono o fax.

Con el mismo criterio de autopreservación, el aparato judicial concluyó que el secretario de Seguridad y el Jefe de la PFA fueron negligentes, imprudentes o imperitos, y por eso causaron, sin querer, tres de las cinco muertes ocurridas en el corredor de Plaza de Mayo a Congreso.

El objetivo del operativo policial que se descargó sobre los manifestantes del 20 de diciembre quería evitar que se congregara en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y en especial frente a la Casa de Gobierno, la multitud indignada por el curso de la situación económica, política y social del país.

Ese objetivo era querido por el Poder Ejecutivo Nacional, por el ex presidente De La Rúa y su gabinete, que necesitaban un país en "calma", sin manifestantes exigiendo lo que el presidente y sus ministros querían evitar: la renuncia.

Con ese objetivo se verbalizaron las órdenes desde los distintos niveles de gobierno. Querían la Plaza vacía. No les hacía falta reunirse uno a uno con los comisarios y discutir con ellos la implementación del operativo. Tampoco su correligionario Hipólito Yrigoyen precisó ordenar la masacre de obreros rurales en la Patagonia. Le bastó decir al teniente coronel Varela "Vaya y haga lo tiene que hacer". Varela llegó y fusiló centenares, hizo lo que tenía que hacer para sus patrones. La policía también hizo, el 20 de diciembre de 2001, lo que tenía que hacer para su patrón.

Nosotros, los que estuvimos en las calles el 19 y 20 de diciembre, y seguimos estando, para enfrentar el ajuste y la represión, no necesitamos que vengan los jueces a decirnos quién fue el responsable de los asesinatos de nuestros compañeros. Nosotros somos los que sabemos, y porque sabemos, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Y seguimos peleando, y reivindicando en cada lucha a los que cayeron.

Por Petete, y por cada uno de los caídos en la represión a la rebelión popular. Las calles son nuestras, y la memoria de los compañeros, nuestra conciencia y nuestra guía.

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María del Carmen Verdú
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María del Carmen Verdú

Abogada, referente nacional de la lucha antirrepresiva.