Nuevo sitio No olvidamos,no perdonamos, nos reconciliamos 25 Marzo 2016

En lucha contra la impunidad de ayer y de hoy

La dictadura militar de Videla impuso, a sangre y fuego, el proyecto de los sectores concentrados. La generalización de la tortura, las violaciones y todo tipo de vejámenes, los 30.000 secuestrados desaparecidos, la apropiación de cientos de niños, la imposición de cárcel y/o del exilio forzado a miles y miles de perseguidos políticos, fueron los métodos utilizados para golpear a los sectores populares y sus organizaciones, incluyendo las organizaciones político militares de la izquierda marxista y peronista que luchaban por un cambio revolucionario para el bienestar de las grandes mayorías de nuestro país.

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No olvidamos,no perdonamos, nos reconciliamos | En lucha contra la impunidad de ayer y de hoy

La última dictadura cívico - militar se trató de un genocidio perpetrado por el Estado argentino con la colaboración de EEUU y otros Estados aliados frente al cual, lamentablemente, la heroica lucha que libró nuestro pueblo y sus organizaciones, no logró contener la avanzada represiva del Terrorismo de Estado.

El golpe comenzó a gestarse bajo los gobiernos de Perón e Isabel Perón entre 1973 y 1976, con la extensión de las Tres A y los demás grupos paramilitares, el crecimiento de las desapariciones y los asesinatos políticos, la persecución a los luchadores, la ilegalización de las organizaciones revolucionarias, la intervención militar de las provincias y sindicatos díscolos, y el impulso de operativos para la "aniquilación de la subversión".

Ya desde entonces, fueron las organizaciones de izquierda y populares las que dejaron en claro el carácter y las perspectivas del golpe de Estado, señalando la alianza existente entre las FFAA, los grupos más concentrados del capital, los partidos políticos patronales, las direcciones sindicales burocráticas y la Iglesia.

Desde ese mismo momento, las voces oficiales intentaron minimizar el genocidio. Las FFAA hablaron de una guerra, orientada a derrotar a la "subversión", en donde los militares asesinos debían ser tomados como héroes que habían salvado a la patria del comunismo y la influencia soviética. Con la llegada de la democracia, desde el poder de turno se siguió lavando las culpas de la dictadura mediante la teoría de los dos demonios: las responsabilidades por el golpe genocida se repartían por igual, entre el Terrorismo de Estado y las fuerzas populares que lo enfrentaron.

Las organizaciones populares, los organismos de DDHH y las fuerzas de izquierda plantearon con claridad la responsabilidad de las FFAA y reclamaron aparición con vida" de los desaparecidos y "juicio y castigo" para todos los milicos asesinos. Rechazando el olvido y la conciliación con los enemigos del pueblo reclamaron en las calles: "No olvidamos, no perdonamos no nos reconciliamos".

Fue así, con la presión de amplios sectores populares, que se llevó a los tribunales a algunos jefes de las FFAA. Sin embargo, la complicidad de los principales partidos del sistema, sirvió para dejarlos en libertad. La "obediencia debida" promovida por la UCR y los indultos definidos por el PJ menemista, sirvieron como llave de la impunidad.

Fueron también las organizaciones populares, las fuerzas de izquierda y muchos organismos de DDHH y antirrepresivos, los que empezaron a poner en evidencia las formas más veladas de la represión que se seguían desplegando en el marco de la democracia. La represión a la protesta social, la cárcel de luchadores, el control social en base a las detenciones arbitrarias de los jóvenes pobres, su tortura y muerte en comisarías, el gatillo fácil, el abarrotamiento de las cárceles llenas de pobres, las desapariciones, los asesinatos de luchadores populares como los 34 asesinados en diciembre de 2001, Darío y Maxi, entre muchas otros ejemplos, dejaron en claro que los reclamos de "juicio y castigo" tenían también una historia presente. Ese reclamo que venimos levantando en nuestras luchas, en defensa de los derechos humanos de ayer y de hoy, aún no ha sido cumplido.

El kirchnerismo, obligado a reconstruir la gobernabilidad después de la profunda crisis de 2001, tomó como suyas algunas de estas demandas populares, lo que le valió el apoyo de varios organismos de DDHH. Lo hizo de forma parcial en un doble sentido.

Por una parte, porque aunque condenó el Terrorismo de Estado del 76 y promovió juicios de lesa humanidad, esos pasos fueron realizados tímidamente, logrando sólo la prisión de un puñado de genocidas en 12 años, mientras quedan pendientes una infinidad de casos.

Por otra parte, porque mientras se posicionaba en contra de la represión de los años 70, se constituyó en responsable directo o indirecto de innumerables hechos represivos contra el pueblo, incluyendo la represión de una infinidad de luchas populares, el encarcelamiento de presos políticos (como los petroleros de Las Heras), la promoción de leyes represivas incluyendo las nefastas leyes antiterroristas, la desaparición de Luciano Arruga y Julio López, el asesinato de luchadores como Mariano Ferreyra o Carlos Fuentealba, la represión policial constante en las barriadas humildes, el trato salvaje en las cárceles, etc.

Así, con los gobiernos kirchneristas quedaron en evidencia los límites insalvables de aquellos sectores que subordinaron su política de DDHH a la agenda y disposición del gobierno y el Estado, corriéndose de la movilización en las calles, y desestimando la importancia de la represión actual.

Hoy el macrismo apuesta a profundizar una política antipopular, de impunidad y represión. Por una parte, su ascenso ha dado lugar al reflote de las teorías más retrogradas referidas al golpe de Estado y de los sectores que las defienden. La revalorización de los milicos asesinos y la estigmatización de los luchadores revolucionarios que asumieron el combate contra la opresión con las armas en la mano, han vuelto a multiplicarse en los principales medios de comunicación, socios principales del actual gobierno, como Clarín y La Nación, desde cuyas páginas se reclama la finalización de los juicios contra los militares genocidas. Allí se lee, remozada, la misma formulación de los milicos: el genocidio fue, según ellos, una guerra necesaria para eliminar la "subversión". Desde el mismo gobierno salen las voces conservadoras a escena. Ahí está el ministro de cultura, Darío Lopérfido, negando la gravedad del genocidio y burlándose de nuestros compañeros desaparecidos. Ahí está el mismo Macri, recuperando la teoría de los dos demonios al equiparar la violencia del Terrorismo de Estado con la lucha de los sectores populares y sus organizaciones armadas en la apertura del Congreso planteando "Nunca Más a la violencia institucional y política".

Por otra parte el macrismo, aprovechando los avances represivos del gobierno kirchnerista (leyes antiterroristas, estigmatización de las luchas de los trabajadores, propuesta de una ley antipiquetes, gran extensión del gatillo fácil), se propone profundizar la represión. A solo tres meses de gobierno ya lleva varias represiones a trabajadores y sus luchas (Cresta Roja, estatales de La Plata, etc.) y a otros sectores populares (represión a murgueros, multiplicación de las detenciones arbitrarias), y se propone avanzar en la persecución a la protesta por medio del protocolo antipiquetes.

Con esta situación, el 40 aniversario del golpe genocida debe ser el marco para retomar con más fuerza que nunca la lucha por la defensa de los derechos humanos de ayer y de hoy. Sólo la lucha consecuente puede abrir el camino para el triunfo de los reclamos históricos del movimiento popular.


¡Juicio y castigo!

¡Cárcel común a los genocidas!

¡Basta de represión a la protesta social!

¡Anulación de las leyes antiterroristas!

¡Abajo del protocolo antipiquetes!

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Izquierda Revolucionaria
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