Nuevo sitio Ante la represión 7 Marzo 2016

Hagamos crecer la lucha organizada en unidad

Así como la ola de despidos, suspensiones, vaciamientos de empresas y paritarias a la baja, en un contexto de tarifazo, inflación, devaluación y endeudamiento externo, definen el escenario cada vez más difícil que deben enfrentar los trabajadores, una serie de medidas de gobierno y resoluciones judiciales nos muestran el rumbo decidido en materia de políticas represivas, necesario complemento instrumental para la profundización del ajuste. Un pequeño-gran triunfo popular, en el mismo lapso, nos confirma, a su vez, cuál debe ser nuestro camino.

Edición N° 11

A Vencer (marzo-2016)

A Vencer

Sumario

Compartir Articulo

Ante la represión | Hagamos crecer la lucha organizada en unidad

El "Protocolo de Actuación en Manifestaciones Públicas", mejor conocido como Protocolo Antipiquete, ya es una realidad que excede el ámbito nacional. Muchas provincias adhirieron entusiastas y seguramente se sumarán otras, que ven en las directivas del ministerio de Seguridad de la Nación una herramienta eficaz para tratar de frenar las luchas y protestas. De hecho, su primera aplicación concreta se dio en Mendoza, cuyo gobernador, el radical Cornejo, integra la alianza Cambiemos. En el marco del paro y movilizaciones del 24 de febrero, una fiscal de instrucción imputó a tres referentes sindicales, Federico Lorite (SITEA) y Raquel Blas y Roberto Macho (ATE), por el delito del art. 194 del Código Penal, porque durante la marcha a la Casa de Gobierno "se cortó la calle Peltier y no se dejó circular a ningún vehículo". En una entrevista radial, la fiscal Daniela Chaler no tuvo escrúpulos en agregar que "Desde el Ministerio [de Seguridad Provincial] nos han acercado fotografías para identificar a las personas" y que, a medida que sigan identificando manifestantes, continuarán las imputaciones[1].

En la ciudad de Buenos Aires, la masividad de la movilización, con más de 50.000 compañeros que confluyeron a la Plaza de Mayo, y una cantidad de acciones previas y concomitantes a la jornada del paro, como el corte de Callao y Corrientes convocado por la AEDD, con adhesión de CORREPI y presencia de otras organizaciones la tarde del 23 de febrero, que llevó la consigna expresa de desafiar el Protocolo, frustraron el deseo de represión expresado en placas de canales de TV y comentarios periodísticos al estilo "Venció el plazo y la policía no interviene, ¿qué pasa?".

La misma semana del paro, y con menos de 48 horas de diferencia, tres noticias judiciales vinculadas a dos de los grandes crímenes de la historia reciente perpetrados por el estado contra la clase obrera, contribuyeron a mostrar que el poder judicial es consciente y consecuente con "los nuevos tiempos".

En la CABA, el tribunal oral criminal nº 21, con el voto de dos jueces subrogantes, concedió la prisión domiciliaria a José Pedraza, el ex jefe de la Unión Ferroviaria, condenado a 15 años de prisión por su rol en el ataque criminal del 20 de octubre de 2010 en Barracas, que causó la muerte del militante del PO Mariano Ferreyra, graves heridas a la compañera Elsa Rodríguez y heridas menores a otros manifestantes. Contra el dictamen del Cuerpo Médico Forense, que dijo que la edad y salud del burócrata sindical sólo requiere dieta, ejercicio físico (engordó 10 kilos desde que está preso) y controles médicos, todo lo cual puede cumplirse en prisión, primó el informe del médico particular, y se lo autorizó a cambiar el calabozo de Ezeiza por un lujoso piso 35 en Bulnes y Libertador, bajo el cuidado de su esposa, Graciela Coria. Privilegio, por descontado, sistemáticamente negado a los miles de presos pobres, viejos y enfermos que se hacinan en las cárceles de todo el país, la mayoría, además, sin condena.

Mientras tanto, en Neuquén, la jueza Carina Álvarez sobreseyó a los 15 imputados en la causa "Fuentealba II", que investigaba las responsabilidades de funcionarios políticos de la gobernación de Sobisch en el asesinato del maestro, ocurrido en 2007. Aunque el argumento para el cierre de la causa fue una jugarreta técnica, a partir de que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la provincia estableció un plazo de extinción para los expedientes iniciados antes de la reciente reforma procesal, la jueza no se privó de decir que el asesinato cometido por el policía Poblete "no puede ser calificado como un crimen institucional"[2].

De vuelta en la causa Ferreyra, al día siguiente de que Pedraza se fuera a su casa, el juez Norberto Oyarbide resolvió sobreseer a sus superiores, los camaristas de Casación Eduardo Rafael Riggi y Mariano González Palazzo, en la causa "Coimas", iniciada cuando de las escuchas telefónicas a Pedraza y otros hombres de la Unión Ferroviaria surgió que tramaban una maniobra para que, previo pago de 50 mil dólares, se revocara el procesamiento de los siete primeros imputados de la patota sindical. Para el célebre Oyarbide, que confirmó que entre bueyes no hay cornadas, las conversaciones del traficante de influencias y agente de inteligencia de la Presidencia, Juan José Riquelme, con el juez Riggi, plagadas de la familiaridad que sólo amigos y cómplices exhiben, eran simples "contactos sociales" sin vinculación con la tentativa de cohecho por la que en breve irán a juicio oral Pedraza, el tesorero del Belgrano Cargas, Ángel Staforini, la abogada Susana Planas, el ex juez federal y abogado de la UF Gregorio Aráoz de Lamadrid, el secretario de Cámara Luis Ameghino Escobar y el espía Riquelme.

Como si fuera poco, apenas unos días después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se plegó al clima inaugurado por su par porteño, el Tribunal Superior de Justicia de la CABA, cuando fortaleció y amplió las facultades policiales para detener personas arbitrariamente. Con velocidad poco frecuente, los cortesanos que quedan, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, dieron luz verde al uso de las picanas portátiles Taser por parte de la policía Metropolitana, que va a empezar a ahorrar balas a costa de descargas eléctricas.

En este escenario, que no alcanza con llamar sólo "preocupante", un pequeño triunfo de la lucha popular, ocurrido en los mismos días, nos muestra el camino.

Después de tres años de lucha sostenida, de coordinación entre la militancia antirrepresiva y la política, social, cultural y territorial, logramos llevar a juicio y condenar a 21 años de prisión al subcomisario de la policía bonaerense Alfredo Veysandaz, que el 3 de marzo de 2013 fusiló a David Vivas (21) y Javier Alarcón (15), e hirió a Marcelo Lúquez (23) en la Ribera. Desde el primer momento, cuando Beti y Gladys, las mamás de los chicos, se acercaron a CORREPI, encaramos la militancia del caso codo a codo con los compañeros de Hagamos lo Imposible (HLI) de Quilmes, con el aporte de todas las organizaciones que confluyen a la Coordinación Antirrepresiva del Sur. Con esa fuerza militante organizada, y los que se fueron sumando, pudimos sostener la movilización a lo largo del tiempo, y hacerla estallar en las jornadas del juicio, donde las banderas, la batucada y el corte de la avenida Yrigoyen pusieron el marco necesario para que, contra la corriente dominante, le arrancáramos a las juezas a cargo del tribunal criminal nº 1 una condena importante. Aunque, una vez más, se las arreglaron para no definir el crimen como institucional, y no aplicaron el agravante por ser un miembro de una fuerza de seguridad, que llevaba a la perpetua, jamás hubiéramos obtenido este resultado sin la lucha en unidad que sostuvimos de principio a fin.


Frente al avance represivo, necesitamos más lucha, más organización, y más unidad.


[1] Programa "Línea Editorial" en Radio Nacional Mendoza, 26/02/2016.

[2] Kaos en la Red, 28/02/2016.

Comentarios

María del Carmen Verdú
Autor

María del Carmen Verdú

Abogada, referente nacional de la lucha antirrepresiva.