Nuevo sitio Protocolo Antipiquetes 20 Febrero 2016

Una prueba para la capacidad de organizarnos y resistir

Después de dos meses de anuncios, el gobierno macrista dio a conocer su Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas, aprobado por el Consejo de Seguridad Interior reunido en Bariloche, con el consenso ampliamente mayoritario de diferentes gobernadores de provincias, una nueva herramienta represiva que pondrá a prueba nuestra capacidad de organizarnos para resistir el ajuste y la represión.

Protocolo Antipiquetes | Una prueba para la capacidad de organizarnos y resistir

Más conocido ya como Protocolo Antipiquetes, el dispositivo ideológico en cuestión expresa la continuidad de un esquema legal represivo que cobró especial relevancia con las leyes antiterroristas del período kirchnerista y el frustrado intento de una norma similar en 2014, como lo pidió la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su discurso del 1° de marzo en ocasión de inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso.

No es casual el momento político elegido: después de haber definido los lineamientos generales de su gobierno, administrado por la "ceocracia", y en el marco de la transferencia de riquezas más importante de los últimos tiempos hacia los grupos concentrados más influyentes del Poder, Mauricio Macri sabe que deberá enfrentar la segura respuesta que los trabajadores y el pueblo ya están dando, y que se incrementará más temprano que tarde.

Es que los ataques a la clase trabajadora que implican el desembozado ajuste que se viene aplicando no va a pasar sin resistencia. Junto a otras causas de amplia repercusión social, como los cortes de luz y las reiteradas represiones sobre población indefensa, el descontento popular crece vertiginosamente.

Este protocolo buscar garantizar "gobernabilidad" para el gobierno de Macri, pero en verdad lo reclama la burguesía toda para consolidar los beneficios extraordinarios conseguidos en los primeros sesenta días de gestión de Cambiemos. Para ello necesitan un dispositivo que, guardando cierta apariencia mínima de legalidad, apunte a desarticular todo atisbo de resistencia popular. Al fin y al cabo, para ellos la función del gobierno es mantener subordinadas a las clases populares y ello no se concibe sin la represión.

Poco importa que gobernar con el Código Penal en la mano ponga al descubierto la ausencia de contenido del llamado "estado de derecho". Los remanidos argumentos basados en un pretendido sentido común, que quiere ver igualdad en la aplicación de la ley sin advertir desigualdades históricas en la realidad, desconoce, oculta o ningunea que, detrás de esta táctica del poder, se esconde la verdadera naturaleza de clase que envuelve a la cuestión: si un empresario no paga el salario de sus obreros no tiene condena, pues será considerado apenas un deudor, y, se sabe, no existe la prisión por deudas. Pero si el obrero sale a la calle a reclamarle ese pago, entonces estará cometiendo un delito e irá preso.

También necesitan el protocolo para fijar los límites de la disputa. Para los capitalistas, la calle es sólo el lugar donde se resuelven necesidades de la cotidianidad de modo independiente y –si se quiere- egoísta. El derecho a transitar y circular libremente cobra su significado sólo en ese contexto. Hablan de un "espacio público" que quieren ordenado y vacío.

Para nosotros, la calle es el sitio desde y hacia dónde pensamos la política. El lugar en el que se hacen visibles las demandas, los reclamos, las exigencias. El horizonte y la perspectiva de la lucha de clases se dan en las calles. Toda la experiencia recogida en siglos de luchas sociales y políticas se transmite allí. Es el sitio donde la clase se expresa colectivamente y su nexo con el otro es político. Lo contrario, lo individual y retraído hacia lo privado, es también un nexo, aunque según los parámetros de la vida burguesa. Sólo con la calle probablemente no alcance, pero sin la calle es seguro que no.

Macri, y la clase que representa, saben que algo puede y va a pasar en las calles. No les urge el qué, ni el dónde ni el cuándo, sino el cómo lo evitarán.

Una vez más, se pone a prueba la capacidad de lucha organizada de los trabajadores y el pueblo para lograr que sus urgencias se impongan sobre las del poder. Si esa capacidad se despliega, si la fuerza de la movilización se multiplica, no habrá protocolo ni represión que nos pueda.


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Algunos datos a tener en cuenta: (Extracto del comunicado de CORREPI)

  • Según informa el diario La Nación, "La ministra de Seguridad indicó que los agentes no tendrán armas de fuego al momento de desalojar una manifestación programada". No es muy difícil entender que el tratamiento para las manifestaciones "espontáneas" será bien diferente.
  • Las movilizaciones programadas deberán comunicarse previamente, fijando recorrido y estarán sujetas a aprobación de la autoridad. Además, y aun estando autorizadas, si deciden levantarla, se concederán entre 5 y 10 minutos para hacerlo sin el uso de la fuerza. Cualquier otra manifestación no anunciada y autorizada, será considerada espontánea, y, como tal, disuelta sin ningún requisito ni intimación previa.
  • Se establece un cerco perimetral para el trabajo de la prensa, que implica una restricción a ese trabajo, pero también importa una imposibilidad concreta de filmar y revelar prácticas represivas por fuera de los registros de las mismas fuerzas que las llevan a cabo. La limitación a la prensa hubiera impedido, por ejemplo, la actuación determinante del fotógrafo independiente que retrató el paso a paso criminal de la policía de Duhalde contra Darío y Maxi el 26 de junio de 2002, o el de los periodistas que filmaron el ataque de la patota de Pedraza en octubre de 2010, que costara la vida al compañero Mariano Ferreyra.
  • En una clara reedición del Proyecto X del anterior gobierno, se autoriza la filmación de las fuerzas represivas para ser utilizadas en sede judicial (…) y se habilita la filmación de reuniones previas, o la identificación de los organizadores, con la excusa legal de prevenir o evitar la comisión de esos delitos como daño o corte de calles.
  • Insiste con la necesidad de descabezar los movimientos, con el concreto requisito de identificar a quienes llama burdamente "líderes de la protesta", e ingresa en el terreno de lo patético al considerar el uso de capucha como un elemento peligroso.

Comentarios

María del Carmen Verdú
Autor

María del Carmen Verdú

Abogada, referente nacional de la lucha antirrepresiva.

Ismael Jalil
Autor

Ismael Jalil

Abogado, referente nacional de la lucha antirrepresiva.