Nuevo sitio Declaración de emergencia nacional en seguridad 11 Febrero 2016

Más herramientas para la represión

El decreto presidencial que declara la emergencia nacional en seguridad, publicado en el Boletín Oficial hace pocos días, brinda al gobierno nacional y los provinciales todo un arsenal recargado para el control social y la represión a los luchadores.

Edición N° 10

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Declaración de emergencia nacional en seguridad | Más herramientas para la represión

"La emergencia nos permitirá reorganizar y planificar los aspectos de gestión, potenciar las Áreas Operativas y dotar a los organismos estatales de los instrumentos que permitan adquirir el equipamiento y realizar las obras para el desarrollo de una acción más eficaz en materia de seguridad", dijo en diciembre Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, al término de la reunión del Consejo de Seguridad Interior. Ahora, con el decreto publicado, queda claro de qué se trata.

La primera consecuencia es que el poder ejecutivo nacional, y los provinciales que adhieran, pueden, sin siquiera los tibios controles y formalidades existentes, cambiar el destino de partidas presupuestarias y hacer contrataciones directas, o sea, tienen libre manejo de la caja para incrementar el poder de fuego del aparato represivo estatal frente al "delito complejo y crimen organizado".

El decreto define así el narcotráfico, el contrabando de armas, la extorsión, la trata de personas y la pornografía infantil, es decir, las especialidades criminales de las fuerzas de seguridad, como lo vemos cada vez que "salta el botón". Poco éxito tendrán en la auto-persecución de la criminalidad organizada que ellos mismos gerencian y administran.

También se incluyen en el concepto varios delitos de los habitualmente usados para la persecución política, como la asociación ilícita "organizada para cometer delitos por fines políticos" (art. 210 CP) y la asociación ilícita calificada (art. 210 bis CP) y los creados por las leyes antiterroristas sancionadas en la década pasada: asociación ilícita terrorista (art. 41 quinquies CP) y financiación del terrorismo (art. 306 CP).

La "ley de derribo" de aeronaves, lo que naturalmente implica la ejecución sumaria de sus tripulantes y pasajeros, verdadera instauración de la pena de muerte ante la ausencia de identificación o comunicación, es quizás el aspecto que más se ha comentado de la nueva norma, y poco cabe agregar al respecto.

No ha recibido mayor atención, en cambio, que el decreto autorice a convocar personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria, con excepción de condenados o procesados por delitos de lesa humanidad y pasados a retiro por razones disciplinarias. Claramente se omite en la prohibición de reingreso a los autores de fusilamientos de gatillo fácil, torturas y otros hechos represivos, que los tribunales sistemáticamente no califican como "delitos de lesa humanidad", y que tampoco son exonerados, sino que se les permite acogerse al retiro sin sanción alguna. Valga como ejemplo el comisario Miguel Ángel Espósito, retirado desde 1995, y recién exonerado 18 años después de la detención, tortura y muerte de Walter Bulacio, por imposición de la Corte Interamericana de DDHH.

Finalmente, en una clara muestra de que uno de los objetivos es dotar al conjunto del aparato represivo de un control político único, se establece que las provincias y la CABA "faciliten y presten, coordinadamente con las fuerzas policiales y de seguridad federales, todo el apoyo y logística que se les solicite en sus respectivas jurisdicciones a los efectos del cumplimiento y éxito de las operaciones que se emprendan", y se centraliza la información de inteligencia.

Así, con puño de hierro, el gobierno de Cambiemos perfecciona sus herramientas para el control y disciplinamiento social sobre el pueblo, al tiempo que se apresta a reprimir con más dureza aún a los trabajadores organizados.

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María del Carmen Verdú
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María del Carmen Verdú

Abogada, referente nacional de la lucha antirrepresiva.