Nuevo sitio Por el derecho al aborto 8 Febrero 2016

¿La sexualidad como un derecho?

Desde su asunción en la presidencia, este nuevo gobierno continúa avanzando sobre los derechos de las mujeres.

Por el derecho al aborto | ¿La sexualidad como un derecho?

Por Melina Miño: Integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito

El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR) del Ministerio de Salud de la Nación, que es el que se encarga de incorporar los derechos sexuales y reproductivos a la agenda de las políticas de salud pública desde un enfoque centrado en el marco de derechos y la equidad de género desde el año de su creación (2002), viene sufriendo una serie de ataques: Desde el 4 de enero se encuentran formalmente suspendidas todas sus actividades, no se ha nombrado aún una coordinación, se está desmantelando su unidad funcional en áreas fragmentadas, se efectuó el despido de 20 trabajadoras/es (más de un tercio del equipo) en el marco de 113 despidos en el Ministerio de Salud.
Todas estas acciones provocan una fuerte preocupación en torno al sostenimiento del Programa por el quiebre que puede generar para la ejecución de las política públicas integradas para lograr el efectivo acceso a los derechos. El desmantelamiento del PNSSyPR pone en riesgo: la prevención de embarazos no planificados, abortos y muertes de mujeres, el acceso a tratamientos de fertilidad, la distribución de métodos anticonceptivos gratuitos en todo el país, la capacitación de equipos de salud, el acceso a información de calidad sobre salud sexual y reproductiva, la formación de promotoras/es de salud y la multiplicación de actividades de prevención en la comunidad y la posibilidad de acceso a hormonas y cirugías de modificación corporal para personas trans.
Pero esto no es suficiente, ahora amparado en una justicia cómplice, se intenta instalar nuevamente el controvertido protocolo que impulsó Jorge Lemus en su cargo como ministro de Salud del gobierno de CABA, el mismo cargo que ocupa hoy pero en la cartera de Nación. Ese protocolo, dictado en 2012, reguló la atención de los abortos no punibles y fijó fuertes restricciones para el acceso a las interrupciones legales de embarazo, apartándose de los estándares fijados por la Corte Suprema en el fallo FAL. A su vez, impone exigencias por fuera de la ley, como la intervención de un equipo interdisciplinario ante un pedido de un aborto legal y que el director del hospital confirme el diagnóstico y la procedencia de la práctica. Estas restricciones se traducen en mayores trabas en el camino de las mujeres a la hora de hacer valer sus derechos.
A diferencia de ese protocolo inconstitucional, y siguiendo lo dispuesto por la Corte Suprema, en el fallo FAL de marzo de 2012, en nuestro país el acceso a los abortos legales se encuentra regulado por el artículo 86 del Código Penal y se encuentra garantizado por la aplicación de las leyes, la Constitución Nacional, los tratados de DDHH, el Protocolo de Atención Integral para Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo del Ministerio de Salud de la Nación Argentina (2015) y la Guía Aborto sin riesgos de la OMS (2012). Por lo tanto su alcance no podría ser restringido por ningún protocolo. Desde la letra, ninguna mujer, niña o adolescente podría ser privada de su derecho a un aborto por medio de obstáculos tales como límite de edad gestacional, solicitud de opiniones o participación de más de un/a profesional de la salud, autorización del director/a de la institución médica, denuncia policial, autorización de representantes legales, etc. e imponer este tipo de requisitos constituye un ilícito que generaría responsabilidad civil, administrativa, penal e internacional frente a tribunales de derechos humanos. Claramente, esto no sucede de este modo en la realidad.
Del dicho, al hecho…
Entre tanto decreto de urgencia, despidos a mansalva y reacomodamientos políticos, la incertidumbre que genera cada nuevo movimiento en este nuevo contexto es impresionante. No se presentan como medidas aisladas, sino con un programa de gobierno que viene oponiéndose sistemáticamente en cada nueva medida a los derechos obtenidos por el pueblo.
Los profesionales comprometidos de la salud de diversas disciplinas que desarrollamos nuestra profesión en efectores públicos de salud de primer, segundo y tercer nivel y que fundamentamos muchas de nuestras tareas de asistencia y promoción de la salud bajo los lineamientos, objetivos y recursos provistos por el PNSSYPR, hoy nos vemos interpelados por la falta de aval político para seguir garantizando plenamente los derechos de las mujeres, algo que ya estaba costando demasiado con innumerables faltas institucionales y estructurales del sistema público. Mientras, las mujeres siguen siendo discriminadas, maltratadas y torturadas por el sistema de salud que la mayoría de las veces no deja de darle un trato misógino y terriblemente patriarcal, y la justicia y sus instituciones que deberían protegerlas y asegurar sus derechos no paran de de empantanar el camino.

En este contexto nacional tan regresivo, de profunda derechización y avance contra las conquistas populares, hoy más que nunca los reclamos continúan siendo los mismos, y es prioritario gritarlos con mayor ímpetu. Es urgente exigir al gobierno que garantice en la práctica real que cada niña, adolescente o mujer pueda acceder a todos sus derechos sexuales y reproductivos con libre posibilidad de elección y toda la información a su alcance. Es urgente el aborto legal en cualquier parte del país, sin trabas arbitrarias e ilegales, sin preceptos morales ni religiosos, y sin dejar que la ideología de los profesionales, o de la iglesia que arregla las leyes junto a los que nos gobiernan, sigan perjudicando y llevándose las vidas y las decisiones que las mujeres hacemos sobre nuestros cuerpos y nuestros propios proyectos de vida.
En este marco, el Estado y sus funcionarios son los principales responsables de la violencia ejercida sobre el cuerpo de las mujeres y las identidades no hegemónicas, en tanto no garantiza prácticas de calidad para la atención integral de las mujeres y su derecho a la libre decisión sobre su sexualidad y su procreación responsable y elegida.
Es nuestra responsabilidad seguir sosteniendo los pequeños avances conseguidos con las interrupciones legales del embarazo y seguir peleando fuertemente en las calles por un aborto legal, seguro y gratuito en el hospital para asegurar que no haya más muertes de mujeres que podrían prevenirse. Hay que seguir luchando desde las organizaciones populares y los diversos sectores comprometidos por una sexualidad realmente libre de opresión y sin preconceptos religiosos y patriarcales sobre el rol que deberíamos ejercer. Es momento de gritar bien fuerte que no queremos más opresiones sobre nuestros cuerpos, nuestras decisiones, o nuestros deseos y que no vamos a seguir permitiendo que vulneren nuestros derechos y nuestras victorias.


¡No al desmantelamiento del Programa Nacional de Salud Sexual y de Procreación Responsable!

¡Aprobación del Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto!

¡Cumplimiento en todo el País del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo!

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Izquierda Revolucionaria
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