Nuevo sitio Emergencia en seguridad, protocolo antipiquete y más 7 Enero 2016

El gobierno de Macri se prepara para reprimir

En menos de un mes de gobierno, Mauricio Macri confirmó que su propuesta de “cambio” iba a venir de la mano del ajuste y la represión. Sus primeras medidas, como la devaluación, la baja de retenciones para la exportación y el anuncio de tarifazos, fueron acompañadas, a la par, por una orientación bien explícita en materia represiva, como la declaración de emergencia en seguridad a nivel nacional, y el dictado de un protocolo para reprimir la protesta.

Edición Especial

A Vencer, edición especial de Enero de 2016

Especiales

Sumario

Compartir Articulo

Emergencia en seguridad, protocolo antipiquete y más | El gobierno de Macri se prepara para reprimir

No había pasado una semana desde el 10 de diciembre cuando se convocó al Consejo de Seguridad Interior[1], con la presencia de los ministros de Seguridad de todas las provincias, los jefes de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria, así como las autoridades de la SEDRONAR e INTERPOL. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, salió triunfante de la reunión, con el anuncio de que el presidente decretaría la "Emergencia en Seguridad" en todo el país.

"La emergencia nos permitirá reorganizar y planificar los aspectos de gestión, potenciar las Áreas Operativas y dotar a los organismos estatales de los instrumentos que permitan adquirir el equipamiento y realizar las obras para el desarrollo de una acción más eficaz en materia de seguridad", explicó Bullrich. Es que la declaración de emergencia otorga facultades extraordinarias al poder ejecutivo para tomar medidas que en situación normal requerirían aval legislativo, y para sortear mecanismos de control. Por ejemplo, permite modificar partidas presupuestarias, incrementar recursos y realizar contrataciones directas. Traducido al impacto real en la vida del pueblo trabajador, esto significa que, a partir de la declaración de emergencia, los ministros de Seguridad de la Nación y de las provincias y CABA pueden requerir fondos para sus fuerzas más allá del presupuesto del año, contratar compras de suministros y logística sin molestas licitaciones, y, en una palabra, dirigir sus aparatos represivos sin que nadie los controle[2].

En la misma línea, la ministra, que supo dirigir el Servicio Penitenciario Federal en tiempos de Fernando De la Rúa, también anunció que promulgarán un "Protocolo para reglamentar la protesta", con el objetivo de "garantizar la libre circulación" obstaculizada por manifestaciones o piquetes. Ni más ni menos que una vuelta de tuerca amarilla a la "ley antipiquetes" que Cristina Fernández reclamó a la Asamblea Legislativa el 1º de marzo de 2014, y que, pese al acuerdo de todos los bloques patronales, no prosperó.

Horas antes de mandar a la Gendarmería a reprimir a los trabajadores de Cresta Roja, Mauricio Macri definió que "esa forma de reclamar" (movilizándonos) "tiene que ver con la prepotencia y el abuso", mientras su Jefe de Gabinete, Marcos Peña, confesó uno de los objetivos del protocolo: "que no haya una dilación tan grande como cuando se recurre a la Justicia." O sea, represión de primera mano, sin siquiera la máscara de la "orden judicial".

Con menos repercusión mediática, Bullrich también anunció que se está trabajando en el "cambio de status" de la Secretaría de Seguridad[3], que dejaría la órbita ministerial para convertirse en Secretaría de Estado, directamente dependiente del presidente, lo que significa una clara jerarquización del organismo que dirige las cuatro fuerzas federales (PFA, GNA, PNA, PSA),

Así, no hace falta mucho más para tener definida la orientación del nuevo gobierno en materia represiva. La declaración de emergencia en seguridad y el protocolo para reprimir las protestas son dos pilares básicos en los que se apoyará una política represiva explícita, con todos los recursos disponibles, para silenciar el creciente conflicto social y disciplinar al pueblo trabajador.

De la fuerza y unidad con que seamos capaces de enfrentarla dependerá el destino de las muchas luchas que vendrán.


[1] El Consejo de Seguridad Interior es un órgano de consulta y asesoramiento presidencial creado por decreto del ex presidente Raúl Alfonsín en 1989, una semana después del ataque al cuartel de La Tablada. La ley 24.059, de Seguridad Interior, dictada durante la presidencia de Carlos S. Menem, lo convirtió en órgano de asesoramiento del ministro de Seguridad para la "elaboración de las políticas correspondientes al ámbito de la seguridad interior, (…) de los planes y la ejecución de las acciones tendientes a garantizar un adecuado nivel de seguridad interior".

[2] Recordemos que Daniel Scioli usó la declaración provincial de emergencia en seguridad para crear por decreto las Policías Locales, que no había logrado consensuar en la legislatura.

[3] La Secretaría de Seguridad fue creada en 1994, al día siguiente del atentado a la sede de la AMIA, por el ex presidente Carlos S. Menem. Su primer jefe fue el brigadier Antonietti, el desalojador de las Bodegas Giol, que concentró el mando de la Gendarmería, la Prefectura y la Policía Federal (no existía aún la Policía de Seguridad Aeroportuaria). A lo largo de los años, fluctuó del Ministerio de Interior al de Justicia y Seguridad, luego otra vez a Interior y de nuevo a Justicia, para recalar, desde diciembre de 2010, en el nuevo ministerio de Seguridad.

Comentarios

María del Carmen Verdú
Autor

María del Carmen Verdú

Abogada, referente nacional de la lucha antirrepresiva.