Nuevo sitio Caso Barrik 6 Octubre 2015

El saqueo como política económica

El gravísimo derrame de cianuro en la mina Veladero puso de manifiesto nuevamente las consecuencias de la política de saqueo de recursos naturales que se consolidó durante los últimos años. Megaminería, extracción indiscriminada de hidrocarburos y sojización del agro, son parte de una misma política depredatoria de recursos que no repara en daños medio ambientales.

Edición N° 7

A Vencer (octubre-2015)

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Caso Barrik | El saqueo como política económica

Por orden judicial, el pasado 16 de septiembre, fueron suspendidas por cinco días las actividades de la mina Veladero, localizada en la provincia de San Juan, a raíz del derrame de más de un millón de litros de cianuro, reconocido por la empresa Barrick Gold, sobre el río Las Taguas, en Jáchal. Horas después de la suspensión, una insólita orden del juez Pablo Oritja permitió a la empresa volver a operar con cianuro, como si nada hubiese ocurrido, con la escandalosa complicidad del Secretario de Minería, Jorge Mayoral, y el gobernador sanjuanino, José Luis Gioja, en una maniobra que busca minimizar e invisibilizar semejante "accidente", dándole la espalda a la masiva movilización popular que se concentró frente a la municipalidad para pedir el cierre de la mina, actualmente en estado de alerta permanente.

Aunque escandalosa, la noticia no sorprende. A partir de la década del ´90, con la consolidación de un modelo extractivista neoliberal, que aún permanece intacto y hasta se profundiza luego de la "década ganada" kirchnerista, asistimos a un patrón de acumulación basado en la megaminería, la agroindustria y producción de hidrocarburos -incentivado por el aumento de los precios de los bienes primarios a nivel mundial-, que sigue firme a pesar de la desaceleración económica de los últimos años.

Hidrocarburos, agroindustria y megaminería

Los gobiernos locales, provinciales y nacional han articulado intereses en función de dicho perfil productivo. En lo que respecta a hidrocarburos, Vaca Muerta en Neuquén es el ejemplo más representativo. Para su explotación, el gobierno nacional se asoció con Chevron, luego de anunciar con bombos y platillos una expropiación (parcial, paga y millonaria) a Repsol, que implicaría "ganar soberanía energética". Dicha firma norteamericana es –ni más ni menos- la misma que fue sentenciada en Ecuador a resarcir económicamente a las comunidades indígenas, debido al daño ambiental provocado durante décadas. Actualmente, el proceso se encuentra en el tribunal internacional de La Haya, situación que poco importó al kirchnerismo a la hora de conseguir socios para la explotación de la cuenca neuquina, sumado a maniobras de ocultamiento de las especificaciones contractuales entre las partes, lo que pone francamente en duda esta supuesta soberanía alcanzada.

En el terreno de la agroindustria, el gobierno nacional ha venido impulsando medidas que profundizan el perfil sojero intensivo, de la mano de Monsanto, como lo es el Plan Estratégico Agroalimentario, que prevé seguir aumentando la superficie de explotación de la soja transgénica, con su paquete tecnológico que contamina pueblos y empobrece suelos. Este año se conoció el resultado del relevamiento epidemiológico y ambiental y del análisis de las provisiones de agua, energía y tratamiento de residuos en la localidad cordobesa de Monte Maíz. A pesar de las amenazas y aprietes para que no salgan a la luz las conclusiones del estudio, se pudo conocer su contenido: "entre las principales conclusiones, se destaca que en Monte Maíz la tasa bruta de incidencia de cáncer (casos nuevos diagnosticados en un año) asciende a 707,64 cada 100 mil habitantes, mientras que en la ciudad de Córdoba es de 259,4 y el promedio provincial, es de 264, según el Registro Provincial de Tumores (RPT) que depende del Ministerio de Salud".

En simultáneo, la polémica Ley de Semillas de Monsanto prohíbe guardar e intercambiar las semillas, evidenciando al extremo la mercantilización de la vida y la apropiación privada de bienes comunes como son el conocimiento técnico y los elementos de la naturaleza.

Párrafo aparte merece el caso de la megaminería. En toda América Latina, las trasnacionales buscan máxima rentabilidad, dejando a cambio pasivos ambientales permanentes y las migas de su riqueza. En Argentina, la vergonzosa Ley de Inversiones Mineras, sancionada en los '90, estimula las inversiones extranjeras en el sector, asegurando a las empresas: estabilidad fiscal y cambiaria por 30 años; un techo de 3% de recaudación provincial en concepto de canon en bocamina; deducción de gastos de hasta el 100% en prospección, exploración y otros estudios asociados; exención de tasas aduaneras, IVA, pago del impuesto al cheque, gasoil, tasa de sellos, así como tampoco ningún impuesto nacional, provincial o municipal; no existe obligación de liquidar divisas y cuentan con libre exportación del total de la producción.

Extractivismo: cortoplacismo y destrucción

Es importante encuadrar el papel del extractivismo en los países del capitalismo periférico para la reproducción del capital a nivel global. Como señala el geógrafo David Harvey, el extractivismo tiene una lógica al corto, mediano y largo plazo. Es evidente que al mediano y largo plazo genera ganancias extraordinarias y permite la producción de nuevos bienes a ser comercializados a partir de la materia prima. Pero al corto plazo, además, es una solución espacio-temporal que el capital encuentra ante las constantes crisis de sobreacumulación del excedente, que necesita ser reinvertido para no desvalorizarse.

Para el capital, la naturaleza es una reserva de valores de uso actuales o potenciales, monetarizados, capitalizados, comercializados e intercambiados como mercancías. En consecuencia, cercena los bienes comunes naturales y toda práctica productiva alternativa, patentando, robando, reprimiendo, edificando superestructuras jurídicas a su imagen y semejanza. Al avance y apropiación privada de los bienes comunes de la naturaleza en pos de la reproducción capitalista cortoplacista, y tomando la expresión de Harvey, podemos llamarlo acumulación por desposesión.

Esta forma cortoplacista y destructiva de apropiación de la naturaleza no soluciona ningún problema de nuestro pueblo. El discurso de la creación de empleo y las grandes inversiones generan un espejismo. ¿De qué sirve el trabajo si deteriora la vida de la comunidad y destruye la naturaleza? Hasta ahora, el modelo extractivista no ha demostrado un cambio sustancial y profundo en la vida de los trabajadores y trabajadoras, y en cambio sí viene demostrando pérdidas de activos ambientales y riesgos de salud a la población.

Frente a esto, las experiencias de lucha que vienen logrando en mayor o menor medida visibilizar y deslegitimar este modelo económico extractivista -como el No a la mina en Esquel, las asambleas de Andalgalá en Catamarca y Malvinas Argentinas en Córdoba, entre otras- marcan que la organización popular y la lucha son la única alternativa para enfrentar estas políticas de saqueo.

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Izquierda Revolucionaria
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