Nuevo sitio ¡Por el aborto legal para no morir! 1 Julio 2015

Marchas y contramarchas con el aborto no punible

El nuevo “Protocolo por la atención integral de las personas con derecho a interrupción legal del embarazo” pone una vez más el problema del aborto en el centro del debate. Aunque implica un avance para legitimar prácticas que se realizan, el ministro de Salud, Juan Manzur, desmintió haber firmado la resolución ministerial, con lo que el Estado se desentiende de su responsabilidad.

Edición N° 4

A Vencer (julio-2015)

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¡Por el aborto legal para no morir! | Marchas y contramarchas con el aborto no punible

Según cifras oficiales, en la Argentina se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año, y se estima que son 60.000 las mujeres que acuden a los hospitales públicos por complicaciones en abortos inseguros. Además, más de 300 mujeres mueren al año -más allá de que las cifras oficiales busquen ocultarlo con subregistros- por abortos clandestinos, y muchas otras quedan con secuelas que podrían ser perfectamente evitables.

En este país, como en todos los países en los cuales el aborto no está legalizado, las mujeres que no tienen como solventar una intervención con niveles aceptables de calidad, al no poder acceder a una práctica segura y garantizada por el Estado, ponen sus vidas en juego en prácticas clandestinas e inseguras para evitar gestaciones no deseadas.

La penalización o ilegalidad del aborto, no impide su práctica, pero si la mantiene en condiciones insalubres para la mayor parte de las mujeres, que sólo pueden decidir sobre los propios cuerpos a costa del riesgo que conlleva la falta de recursos económicos, realizándose prácticas inseguras que muchas veces pueden hacer peligrar sus propias vidas. Otra vez, las más expuestas y más perjudicadas, son las que menos posibilidades tienen. Otro factor a considerar es la incidencia de la moral cristiana, que a lo largo de los años ha impuesto, por medio de la Iglesia, un lugar determinado para la mujer: el de esposa y madre; y cualquier matiz de diferencia con ese concepto es ferozmente juzgado y castigado por esta sociedad.

Así, la pelea por el aborto legal se convierte en una lucha por la autonomía de nuestros cuerpos, por la libertad de decidir más allá de los preconceptos patriarcales o de la moral religiosa que dictan que para ser mujer hay que ser madre, inescindible de una clara lucha de clases. En este sentido, para poder decidir sobre nuestros propios cuerpos y para que las mujeres no mueran por no querer ser madres es necesario exigir la separación de la Iglesia del Estado, ya que esta no debiera incidir en las decisiones de la salud pública con sus ideas doctrinarias sobre lo que la vida y, en especial, una mujer debería ser.

En medio de esta pugna de poder, el Ministerio de Salud de la Nación actualizó el mes pasado la Guía de Atención de Abortos No Punibles, tal como lo solicitó la Corte Suprema en el histórico fallo F.A.L. de marzo de 2012 (de la Corte Suprema de Justicia de la Nación), en el que se insistía en que la judicialización de los abortos no punibles atentaba contra los derechos de las mujeres y las niñas. El nuevo "Protocolo por la atención integral de las personas con derecho a interrupción legal del embarazo" implica un avance a la hora de visibilizar y legitimar las prácticas que vienen sosteniendo muchos efectores de salud y militantes comprometidos y comprometidas por los derechos de las mujeres. El objetivo es garantizar la libre decisión sobre su sexualidad y procreación ofreciendo espacios de consejerías o acompañamientos pre y post aborto. Dicho protocolo que "es de aplicación obligatoria en todo el territorio argentino y debe ser puesto en práctica por todas las instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas" significa un avance al eliminar el concepto de "abortos no punibles", sustituyéndolo por "derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)" y al explicitar que la interrupción voluntaria del embarazo "se encuentra enmarcada en los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos, e implica el acceso a una atención integral de calidad que asegura el respeto por la intimidad y la autonomía, el flujo de información clara y veraz y el acceso a los adelantos tecnológicos e información científica actualizada".

Sin embargo, aunque resulta auspiciosa la explicitación del aborto como un derecho, entre otras nominaciones que se utilizan en esta nueva guía, la realidad jurídica de nuestro país todavía no escapa al hecho de que aún no existe un "aborto legal" ni un "derecho al aborto". Sobre todo cuando después de realizado el protocolo, el Ministro de Salud, Juan Manzur, salió a desmentir haber firmado la resolución ministerial de aval a la guía. Ante estos manejos por parte de las autoridades, no se puede llegar a comprender el alcance legal de la misma, si se trata de un protocolo obligatorio o si es una simple recomendación profesional otorgada por un equipo técnico del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, pero sin resolución ministerial. Mientras tanto, hasta el día de hoy las mujeres siguen encontrando obstáculos para acceder a la interrupción del embarazo, aún en los casos que ya están claramente justificados por ley.

En definitiva, los reclamos continúan siendo los mismos. Es necesario exigirle al gobierno que garantice en la práctica real que cada niña, adolescente o mujer pueda acceder al aborto legal en cualquier parte del país, sin trabas arbitrarias e ilegales, sin preceptos morales ni religiosos, y sin dejar que la ideología de los profesionales, o de la iglesia que arregla las leyes junto a los que nos gobiernan, sigan perjudicando y llevándose las vidas y las decisiones que las mujeres hacemos sobre nuestros cuerpos y nuestros propios proyectos de vida.

En este marco, en sintonía con los reclamos del Ni una menos, en el cual miles salimos a las calles a reclamar que no queríamos más ningún tipo de violencias hacia las mujeres, seguir peleando por un aborto legal, seguro y gratuito en el hospital es otra forma de pedir que no haya más muertes de mujeres que podrían prevenirse. Es otro modo más de gritar bien fuerte que no queremos más opresiones sobre nuestros cuerpos, nuestras decisiones, o nuestros deseos. Y es en este caso, en dónde el Estado es el principal responsable de la violencia ejercida sobre el cuerpo de las mujeres, en tanto no garantiza prácticas de calidad para la atención integral de las mujeres y su derecho a la libre decisión sobre su sexualidad y su procreación responsable y elegida, es el Estado el que tiene que dar respuesta ya para que las cosas cambien.



¡Basta de femicidios propiciados por el Estado por la falta de reglamentación frente a los abortos inseguros!

¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir!

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Izquierda Revolucionaria
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