Nuevo sitio Audiencia por Mariano Ferreyra 26 Junio 2015

"Un plan armado y ejecutado por la triple alianza antiobrera"

La querella integrada por CORREPI y APEL reclamó ayer la elevación de las penas a los integrantes de la patota y apuntó también a la responsabilidad de la Policía Federal, la empresa y el gobierno nacional. Hubo concentración frente a los Tribunales de Comodoro Py.

Audiencia por Mariano Ferreyra | "Un plan armado y ejecutado por la triple alianza antiobrera"

La audiencia, última instancia oral y pública en esta causa, comenzó frente a los jueces Mariano Borinsky, Liliana Catucci y Juan Carlos Gemignani, de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, apenas pasadas las 10 de la mañana de ayer jueves 25, con las palabras de la fiscal Gabriela Baigún, quien solicitó que se califiquen los hechos como homicidios agravados (consumado en el caso de Mariano, y en grado de tentativa en los demás casos), y se imponga la pena de prisión perpetua a los condenados.

Sin embargo, la fiscalía no extendió el mismo pedido para los policías Lompizano, Conti y Echavarría, ni hizo reclamo alguno en relación a los absueltos y el multado.

Los abogados del CELS, que representan a la madre de Mariano Ferreyra, también plantearon la existencia de dolo directo y pidieron la elevación de las penas, en similar sentido que la fiscalía.

"Hubo un plan criminal armado y ejecutado por la triple alianza antiobrera", dijo el abogado de CORREPI y militante de Izquierda Revolucionaria Ismael Jalil cuando fue el turno de intervenir de la querella que representa a Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y los demás heridos del 20 de octubre de 2010.

"La burocracia sindical, el gobierno y la patronal son socios en los negocios, y también se asocian para reprimir trabajadores", completó Jalil, antes de dar la palabra a la abogada de APEL y PO, Claudia Ferrero, quien sostuvo, en nombre de la misma querella, la existencia de dolo directo y de una confluencia de voluntades entre los perpetradores: "acá no se debaten conductas individuales, sino un plan común de la patota, la empresa y el gobierno, que mataron para defender sus negocios".

Ambos reiteraron su pedido de elevación de las penas para los integrantes de la patota y para todos los policías. Recordemos que José Pedraza y Juan Carlos "Gallego" Fernández fueron condenados a 15 años de prisión; Pablo Marcelo Díaz, Gabriel Fernando Sánchez y Cristian Daniel Favale a 18; Jorge Daniel González y Salvador Pipitó a 11 y Claudio Alcorcel a 8. Los comisarios de la PFA Luis Osvaldo Mansilla y Jorge Raúl Ferreyra recibieron penas de 10 y 9 años respectivamente; el comisario Hugo Lompizano, el subcomisario Luis Echavarría y oficial Gastón Conti a 2 años en suspenso y el agente David Ismael Villalba recibió una multa. CORREPI y APEL también reclamaron que se revoque la absolución de los integrantes de la patota Guillermo Uño y Juan Carlos Pérez y del subcomisario Rolando César Garay de la comisaría 30ª.

Los defensores de Pedraza, Fernández y la patota insistieron con los mismos argumentos que se escucharon durante los largos meses del juicio oral: los tercerizados y las organizaciones que los acompañaban en su reclamo fueron los "violentos"; ellos sólo querían impedir la interrupción del tránsito ferroviario, y Pedraza, Fernández y Díaz son tiernos abuelos incapaces de matar una mosca.

Los abogados de la policía federal también reiteraron sus posiciones, apoyados en la obediencia debida de los subalternos en una estructura jerárquica y vertical, y llegaron a alegar que las órdenes recibidas son "cuestiones no judiciables" por provenir directamente del Poder Ejecutivo nacional. Una verdadera confesión de que, como lo planteó siempre la querella de los compañeros de CORREPI y APEL, además de la empresa UGOFE, siguen impunes los funcionarios del gobierno nacional, entre ellos Aníbal Fernández, que dirigía las fuerzas federales desde el ministerio de Justicia y Seguridad.

Uno de los abogados de la policía se quejó de que la condena fue fruto de la conmoción pública por el hecho, y recordó que la presidenta dijo que "la bala que mató a Mariano rozó el corazón de Néstor". Nuestra compañera María del Carmen Verdú ya lo había respondido en su alegato al término del juicio oral: "La bala que mató a Mariano fue disparada por la patota, pero salió del corazón del estado".


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