Nuevo sitio Gobierno del PT en crisis 4 Mayo 2015

Corrupción y flexibilización laboral en Brasil

Mientras estallan escándalos de corrupción por el manejo de Petrobras y se repiten movilizaciones multitudinarias con planteos derechistas, el gobierno de Brasil despliega una fuerte ofensiva contra los trabajadores con nuevas leyes de flexibilización laboral.

Edición N° 2

A Vencer (mayo-2015)

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Gobierno del PT en crisis | Corrupción y flexibilización laboral en Brasil

El gobierno del PT y Dilma Russeff no logra tener respiro. Luego de las enormes movilizaciones de masas ocurridas durante el 2013 y 2014 como producto de la reforma urbanística neoliberal, en función de las necesidades de los Megaeventos deportivos (Copa Confederaciones, Mundial de Fútbol, Juegos Olímpicos, entre otros) atravesó una dura campaña electoral y si bien se impuso, lo hizo por un ajustado resultado frente a Aécio Neves en octubre pasado.

Dos días antes de asumir su segundo mandato el 1 de enero, la jefa de Estado emitió dos decretos que imponen enormes dificultades para acceder al seguro de desempleo y recorta derechos previsionales de pensionados. Posteriormente el 8 de marzo se dirigió al pueblo brasileño "pidiéndoles" ajustarse los cinturones; y como si fuera poco puso al frente del Ministerio de Hacienda al ex banquero Joaquin Levy.

El escándalo Petrobras

La corrupción es un elemento estructural del capitalismo, al que no puede escapar ningún gobierno, más allá de su carácter progresista o derechista. A pesar de ello, la emergencia de los circuitos de corrupción a través de los que se desarrolla, generan enorme indignación en la población y han sido motivo de profundas crisis políticas en distintos tiempos y lugares.

En el caso de "Lava Jato", las investigaciones comenzaron en el estado de Paraná mucho antes de las elecciones. A partir de las detenciones de Alberto Yousseff y Paulo Roberto Costa (ex director de Abastecimiento de Petrobras) ambos narraron paso por paso en qué consistía el esquema de desvío de dinero público.

Políticos, funcionarios públicos, empresas constructoras y diversos cambistas formarían la organización criminal, sospechosa de lavar alrededor de 10 billones de reales (U$S 300 millones). Las nueve empresas de construcción implicadas (Camargo Corrêa, Iesa Óleo & Gás, Oas, Utc-Constram, Mendes Júnior, Engevix, Queiroz Galvão, Odebrecht, y Galvão Engenharia), se distribuían entre ellas los contratos con diversas empresas públicas, especialmente con Petrobras, mediante el pago de coimas, desviando el dinero público que era pasado a diversos partidos políticos.

Hasta el momento se sabe que los principales partidos beneficiados han sido el Partido de los Trabajadores (PT), el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, principal aliado del gobierno), el Partido Progresista (PP) y el Partido Socialista Brasileño (PSB). El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), principal opositor del gobierno, se habría llevado alrededor de 10 millones de reales (U$S 3,5 millones) a cambio de no investigar las primeras denuncias sobre la corrupción de Petrobras.

Las manifestaciones del 15 de marzo

Los carteles exigiendo el "impeachment" (destitución) de Dilma o inclusive sectores minoritarios pidiendo un "golpe de estado" reflejaron el resentimiento de los sectores medios. Por ejemplo, en Porto Alegre, fue publicada una encuesta sobre la composición social de las protestas: 40,5% de los entrevistados ganan más de 10 salarios mínimos y el 31,9% de 6 a 10 salarios mínimos. Las manifestaciones tuvieron por detrás a por lo menos tres grupos identificados con el mundo empresarial: el movimiento "Ven para la Calle", el "Movimiento Brasil Libre" (MBL) y "Rebelados On Line". También recibieron el apoyo del PSDB.

Sin embargo, es un enorme reduccionismo asociar mecánicamente clase media con derecha. Gobiernos como el del PT o el kirchnerismo en Argentina, se vanaglorian de haber aumentado el peso relativo de los sectores medios. Pero omiten que, al mismo tiempo han trabajado para correr del centro a la clase obrera y a los sectores populares que plantean demandas para la transformación social. Así, el PT, por más que nació a partir del desarrollo obrero y sindical, evitó siempre la movilización de esos sectores, que sin duda habrían llevado más lejos un gobierno completamente moderado. El kirchnerismo, como sabemos, asumió como su tarea central recomponer la gobernabilidad, sacando a los sectores combativos de las calles. A esto debemos añadir que permanentemente se propagandizan los crecimientos de ventas de electrodomésticos, automóviles, vacaciones, esparcimiento, etc., y cuando estos mismos sectores se alinean con las propuestas abiertamente de derecha, les reprochan la falta de reconocimiento. Olvidan decir de qué valores va acompañado ese mejoramiento (transitorio en el capitalismo). Como bien dice el teólogo y filosofo Leonardo Boff "han creado 44 millones de consumidores pero no 44 millones de ciudadanos, participativos, que quieran construir otra sociedad: quieren ser tan ricos como los ricos".

De este modo, más de un década después de la elección de Lula para la presidencia, el derrotero del PT ha abierto el camino para la reorganización de una derecha con base social ampliada en la clase media. La movilización del 15 de marzo con un millón de manifestantes en San Pablo, representa la mayor manifestación reaccionaria desde las que precedieron al golpe de 1964.

Lamentablemente la respuesta del gobierno ha sido defensiva: reconociéndolas como expresiones "legítimas" y "pacíficas". Y no tuvieron mejor idea de que anunciar un paquete de medidas contra la corrupción.

Ofensiva contra los trabajadores

Por 230 votos a favor y 203 en contra, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley 4330/04, que permite a las empresas la tercerización, una modalidad de flexibilización del contrato laboral. La iniciativa, que ahora la debe considerar el Senado, ha sido rechazada por los Sindicatos, la CUT y otras organizaciones.

Según el profesor de la Universidad de San Pablo, Ruy Braga, especialista en sociología del trabajo: "Hoy el mercado formal de trabajo tiene 50 millones de personas con la tarjeta firmada (acredita a los trabajadores formales). De ese total, 12 millones son tercerizados. Si el proyecto fuera transformado en Ley, ese número debe llegar a 30 millones en cuatro o cinco años".

Es una ley claramente pro-mercado que va a golpear directamente a los trabajadores menos calificados en particular los de la agro-industria, el comercio y la industria pesada.

Esta ley que exige el mundo de los negocios persigue la reducción de los puestos de trabajo y salarios, atenta contra la sindicalización, recorta derechos laborales y aumenta el número de muertes y accidentes en el trabajo. Como señala Ruy Braga: "De las 36 principales liberaciones de trabajadores en situación análoga a la de esclavos, en 2014, 35 eran empleados tercerizados (según el Ministerio Público de Trabajo)". Y sentencia: "Yo diría que si este proyecto se convierte en ley, será la más grande derrota popular desde el golpe del 64".

Si bien el proyecto no es del gobierno, le cabe una responsabilidad a Dilma y al PT por el escenario político que propiciaron para su aprobación con una tasa de desempleo que ha alcanzado en marzo su máximo de los últimos tres años, y salarios que se redujeron al nivel más bajo en más de una década.

Dilma, el PT y sus aliados con los que gobierna, cuatro meses después de asumir el mandato, tienen a la aplastante mayoría de la clase media en la oposición, mientras se han decidido a atacar a la clase trabajadora y los sectores populares. Por su parte la clase dominante y Washington no parecen decididos a una "salida a la venezolana".

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Izquierda Revolucionaria
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