Nuevo sitio De la SIDE a la AFI 4 Febrero 2015

No hay reforma que pueda cambiar la naturaleza de las cosas

Desde que el titular de la Unidad Fiscal AMIA, Alberto Nisman, apareció con un tiro en la cabeza, el escenario mediático mezcló irreverentemente el atentado terrorista a la AMIA y sus 85 muertos con opiniones más o menos “expertas” sobre pestillos y cerraduras, pasadizos con aires acondicionados, dermotest vs. barrido electrónico, autopsias “psicológicas”, escuchas telefónicas que dan más vergüenza ajena que miedo y demás paparruchadas distractivas.

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Periódico del Frente Único MIR-OTR. Febrero 2015

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De la SIDE a la AFI  | No hay reforma que pueda cambiar la naturaleza de las cosas

El tema de los “servicios de inteligencia" se afianzó como el telón de fondo, hasta llegar al discurso del 26 de enero, cuando la presidenta anunció que se había dado cuenta de que es necesario “cortar de cuajo" con esa “calesita permanente" de la SI.

La SI (Secretaría de Inteligencia), hasta 2005 SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) y en su origen CIDE (Coordinación de Informaciones de Estado, creada en 1946 por el presidente Perón) depende directamente del Poder Ejecutivo. No hay –no hubo nunca- intermediación alguna entre el Secretario de Inteligencia, miembro especial del Gabinete de Ministros del PEN, y la Presidencia de la Nación. Por algo cada gestión, desde 1983 a la fecha, colocó en ese cargo a “hombres de confianza"[1].

“Los más leales de los leales" parece ser el lema para elegir a quienes dirigen el aparato de espionaje más importante, pero no el único del estado argentino. Además de la SI o SIDE, cada fuerza armada y de seguridad tiene su propia estructura en materia de espionaje y análisis de datos, que sólo trascienden de vez en cuando, y por algún episodio puntual.

Desde fines de los '80 nos venimos cruzando, en más de una causa contra luchadores populares, con informes elaborados a partir del espionaje y la infiltración por los distintos departamentos de “inteligencia" de la PFA, del SPF y de policías provinciales. La larguísima lista se resume dos episodios relativamente recientes: la exposición pública del protocolo manejado por la gendarmería -elProyecto X-, y la infiltración de un policía federal en la Agencia alternativa de noticias “Rodolfo Walsh".

No significa ello que no existan “internas" entre los espías, como las hay en todas las agencias estatales, a partir de fricciones entre sectores que responden a proyectos divergentes dentro del amplio espectro de los partidos de gobierno, al punto de generarse enfrentamientos fraccionales en los que utilizan, contra sus competidores internos, las mismas herramientas con las que cumplen su “función pública". Es que, como decía Rodolfo Walsh, “hombres violentos suelen tener parientes violentos (…) y sus conflictos personales y aun sus pequeños incidentes cotidianos suelen resolverse por la vía del arma reglamentaria".

La decisión de la presidenta de disolver la SI y reemplazarla por una Agencia Federal es cabal ejemplo de esas internas. En abril de 2004, en tiempos de la “cruzada Blumberg", el primer ministro de Justicia y Seguridad de la gestión Kirchner, Gustavo Béliz, anunció, junto a sus lugartenientes, los fiscales Quantín y Campagnoli (secretario y subsecretario de Seguridad), un “Plan Estratégico sobre Justicia y Seguridad". Además de las clásicas recetas de mano dura (baja de la edad de imputabilidad, dificultación de las excarcelaciones y otras medidas alternativas a la prisión preventiva, justicia “veloz" para delitos in fraganti, incorporación al Código Penal de nuevos delitos “contra el terrorismo", aumento del número de efectivos de las fuerzas, creación de figuras como el “arrepentido", construcción de más cárceles, etc.) el “plan" incluía la creación de la AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIONES en reemplazo de la entonces SIDE, con prácticamente las mismas características que la que ahora impulsa Cristina Fernández.

Sin embargo, en la disputa entre su ministro y la SIDE , encarnada en el espía Jaime Stiuso/Stiles, Kirchner prefirió echar al primero, que se “autoexilió" en EEUU, y preservar al segundo. Hasta iniciaron una causa penal contra Béliz (que merece ir preso por muchas otras cosas, como su relación con el ideólogo del Manhattan Institute William Bratton) por difundir el nombre y una foto de Stiuso en TV, que todavía está dando vueltas en la Corte Suprema.

Pasados once años, las preferencias oficiales son otras. Así como hace año y medio actualizaron la cúpula militar designando al genocida Milani como Jefe del Ejército, ahora reordenaron la SIDE, con el despido de Stiuso/Stiles, y el reemplazo de Icazuriaga por Parrilli, en un anticipo del bandazo que se venía, varias semanas antes que estallara el “affaire Nisman". El mismo gobierno que hace más de una década vetó aquel proyecto, hoy lo desempolvó y lo presenta como “una deuda pendiente de la democracia desde el año 1983".

El proyecto argumenta: “No es sólo un cambio de nombre. No se trata de cambiar algo para que nada cambie". Sin embargo, basta leerlo para ver que se trata del mismo perro, con otro collar.

La transferencia de las escuchas telefónicas al Ministerio Público es una cuestión meramente administrativa. La causa por las escuchas en la que tienen procesamiento firme Mauricio Macri, el “Fino" Palacios y otros funcionarios, muestra cómo se zanja la cuestión “legal" para interferir cualquier teléfono: basta con inventar una causa judicial, y lograr que un juez ordene la medida sobre un teléfono. Para el “escuchado", tanto da que el que graba dependa de una u otra agencia estatal.

Aunque se prevé la designación del director y subdirector general del organismo con acuerdo del Senado, el Ejecutivo conserva la facultad de removerlos, y seguirán siendo secretos los nombres que integran la amplia red de agentes en todas las categorías, desde el simple informante o colaborador hasta el reclutado formalmente como personal civil de inteligencia (PCI)[2].

La descripción del ámbito de actuación de los espías tampoco cambia. La enumeración, en apariencia taxativa (amenazas internacionales como terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, ciberdelitos y delitos contra el orden económico y financiero), permitirá a la AFI seguir realizando actividades sobre el movimiento obrero y las organizaciones populares, dado que su límite expreso es la “investigación en materia de delitos federales complejos, inteligencia criminal o atentados contra el orden institucional y el sistema democrático". No hace falta abundar en ejemplos de lo que ha sido considerado en esos términos por jueces y fiscales de todo el país en tiempos recientes, desde las movilizaciones antiimperialistas de noviembre de 2005, en oportunidad de la visita de Bush, hasta la resistencia a la megaminería extractiva en el norte y sur del país.

Con uno u otro nombre, el aparato de inteligencia estatal seguirá funcionando, y reclutando orgánica o inorgánicamente jueces, fiscales, periodistas, opinólogos, empresarios, políticos y financistas a cambio de algún sobre de papel marrón con dinero, o bajo amenaza de divulgar, carpetazo mediante, alguna situación embarazosa.

El aparato estatal, con sus gobiernos de turno, bajo el nombre y la estructura legal que los tiempos le aconsejen, va a seguir espiando, infiltrando, reclutando buches y persiguiendo a propios y extraños, mientras sean unos pocos los que vivan a costa de los demás. No puede haber otro sistema de libertades dentro del capitalismo, cualquiera sea el régimen de gobierno. Es por eso que no alcanza con la denuncia de los diferentes sistemas de inteligencia ni con exigir la apertura de sus archivos, lo cual es correcto, se impone además la necesidad de discutir una estrategia de cambio de fondo, con una perspectiva política de poder para la clase trabajadora y los sectores populares. Porque sabemos que no hay reforma que pueda modificar lo que es la naturaleza de las cosas.

María del Carmen Verdú

[1] Facundo Suárez (padre) para Raúl Alfonsín; Juan Bautista “Tata" Yofre y Hugo Anzorreguy para Carlos Menem; Fernando de Santibáñez y Carlos Becerra para Fernando de La Rúa y Carlos Soria y Miguel Ángel Toma para Eduardo Duhalde; Sergio Acevedo, Héctor Icazuriaga, y ahora Oscar Parrilli para el kirchnerismo.

[2] Como son secretos los montos de sus remuneraciones, aumentadas por decreto presidencial 129/2015, firmado por Cristina Fernández tres días después de anunciar la disolución del organismo.

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