Nuevo sitio El Indio en Olavarría 13 Marzo 2017

El capitalismo y su estado matan (otra vez)

La esperada fiesta ricotera empezó mal y terminó peor, con dos muertos y decenas de heridos y heridas. Los pedidos de ayuda y búsqueda saturan las redes, mientras se empieza a develar la trama de responsabilidades, que, como en Cromañón, en Once, en Time Warp y en las frecuentes muertes de obreros en sus lugares de trabajo, señalan directamente el entrelazamiento de los capitalistas y sus gobiernos para multiplicar ganancias a costa de la vida del pueblo trabajador.

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La expectativa frente a la que quizás fuera, por razones de salud, la última actuación en vivo del Indio Solari, garantizaba una concurrencia masiva. Desde prácticamente todo el país salieron micros fletados, se agotaron los pasajes de línea y muchos arrancaron dos o tres días antes a dedo. Centenares de miles de jóvenes –y no tan jóvenes- se lanzaron a las rutas hasta triplicar, cuando menos, la población de la ciudad, que no llega a los 115.000 habitantes según el censo de 2010. Muchos/as llevaban su entrada comprada meses antes, otros/as confiaban en lo que la propia organización del espectáculo anunciaba en su web oficial: "Continuará normalmente la venta de entradas y canje como estaba previsto en Olavarría hasta el mismo sábado 11 a las 20 hs.".

El lugar elegido para el show es un predio que pertenece a una cooperativa agraria que está en concurso preventivo, motivo por el cual el contrato de "cesión de uso y goce" debió ser presentado para su homologación judicial en el expediente. Junto con el convenio, que suscribieron la síndica de "Cooperativa Agraria Ltda. Olavarría" y Marcos Peuscovich, apoderado de la productora "En Vivo SA" (antes "Chacal Producciones"), la jueza María Hilda Galdós recibió también una presentación de Ezequiel Galli, intendente de Olavarría, en la que el funcionario de Cambiemos reiteraba lo que se consignaba en la cláusula novena; que la Municipalidad de Olavarría se constituía en fiadora de la productora, es decir, asumiendo plena responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones contraídas. El precio de la transacción fue de $300.000, que se pagaron en dos veces, el 6 de febrero y el 6 de marzo.

Naturalmente, la jueza aprobó el acuerdo, que hizo ingresar a favor de la masa de acreedores de la quebrada una buena suma, aunque fuera apenas equivalente a $1 por asistente estimado al recital. La productora (que cambió de denominación después de que fuera demandada por los familiares de Miguel Rodríguez, el joven que murió tras recibir una bengala en el cuello en un recital de La Renga organizado por la misma empresa en 2011) asumió en el convenio la plena responsabilidad por cualquier daño producido en el predio, aunque sean hechos de terceros, así como la provisión de servicios de sanidad, seguridad, higiene, control y admisión de espectadores, además de lo vinculado con el espectáculo propiamente dicho. Es de todas estas obligaciones que el municipio, a través del intendente Galli, se convirtió en garante.

Obligaciones que, como bien saben las y los que asistieron al show, brillaron por su incumplimiento. Sanidad, seguridad, higiene, control en la admisión de espectadores, fue todo lo que no hubo. Apenas habían transcurrido unos pocos minutos y un par de temas cuando, en las hipócritas palabras del intendente en conferencia de prensa, "la situación se desmadró". Luego, vino la lavada de manos y la mentira sobre el involucramiento de su gobierno: "El Municipio sólo dio la habilitación para 200.000 personas".

Como en Cromañón, como en Once, como en Time Warp, como cada vez que un obrero/a muere porque falta seguridad en una fábrica o una obra, no necesitamos esperar a que la justicia diga quiénes son los responsables por las muertes, por las heridas y fracturas, por la espantosa experiencia de todos y todas las y los que tuvieron que trepar techos o arrancar tablas de madera para ampliar las escasas salidas.

Los empresarios y los funcionarios gubernamentales, aliados en los negocios, socios en ganancias y beneficios, unidos indisolublemente en su afán de lucro, la más pura lógica del capital, son también comunes responsables por todo lo que pasó, que podría haber tenido muy peores consecuencias sin la solidaridad popular, de la que las y los vecinos de Olavarría fueron el mejor exponente.

Esa común responsabilidad de los organizadores del espectáculo y de los funcionarios de gobierno también se deja ver en las primeras medidas de la fiscal de turno, que recibió declaración testimonial al cantante, en lugar de al menos guardar un poco las formas y verificar primero cuál es el vínculo de Solari con la empresa públicamente encabezada por los hermanos Marcos y Matías Peuscovich. No sería nada sorprendente que su siguiente movimiento fuese escuchar, también como simple testigo, al intendente Galli y a la jueza que aprobó el acuerdo de la productora con el gobierno municipal.

Como si fuera poco, el estado y sus capitalistas, no conformes con lucrar insaciablemente con el pueblo trabajador, salen a deslindar responsabilidades y desentenderse cuando aún hay pibas y pibes que están tratando de volver a sus casas, muchos/as viajando como ganado en camiones descubiertos provistos por el solícito gobierno municipal y todavía con varias decenas o centenas de desaparecidos /aso incomunicados/as con sus familiares y amigos/as, cuya suerte corre por cuenta pura y exclusivamente de la solidaridad popular.

El presidente Mauricio Macri, confrontado con el tema, con todo cinismo sentenció: "Esto pasa cuando no se cumplen las normas", como si no fuera un intendente y una gobernadora de su fuerza política los encargados de aplicar esas normas. Y como si, mientras pretende dar lecciones morales, el estado no siguiera sin atender las necesidades de las familias afectadas.

No se trata de "normas", sino de la conclusión implacable que nos deja cada vez que ocurre uno de estos hechos fatales en un espectáculo masivo: el capitalismo y su estado matan.

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