Nuevo sitio Política del olvido 1 Marzo 2017

Despapelizar,olvidar y disciplinar

La Resolución 44/2016 de Poder Ejecutivo Nacional busca avanzar en la digitalización de todos los archivos del Estado así como también de toda nueva resolución que este lleve adelante. Quedarían eliminados así los documentos en papel. Este problema que a primera vista parece solo estar vinculado a una cuestión “tecnológica” es mucho más profundo ya que no son claros los mecanismos que estarán involucrados, quedando abierta así la posibilidad de que no haya registro fiel de las políticas ejecutadas.

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"El derecho de recordar no figura entre los derechos humanos consagrados por las Naciones Unidas, pero hoy es más que nunca necesario reivindicarlo y ponerlo en práctica: no para repetir el pasado, sino para evitar que se repita; no para que los vivos seamos ventrílocuos de los muertos, sino para que seamos capaces de hablar con voces no condenadas al eco perpetuo de la estupidez y la desgracia. Cuando está de veras viva, la memoria no contempla la historia, sino que invita a hacerla. Más que en los museos, donde la pobre se aburre, la memoria está en el aire que respiramos; y ella, desde el aire, nos respira." Eduardo Galeano


Los archivos generados por el Estado y las instituciones públicas y privadas cumplen una triple función social, como sedimento del accionar de la institución que las genera (memoria institucional), como potencial fuente para el estudio de la historia y como garante del ejercicio de derechos. Ello deviene en que los archivos sean un campo de disputa entre distintos actores sociales. Es por ello, que una gestión democrática, transparente y eficiente de los mismos resulta una herramienta más de control utilizable en la lucha diaria por los derechos del pueblo.

Si bien el Estado argentino y gran parte de las instituciones no han dado señales de un eficiente tratamiento de su documentación, la Resolución 44/2016 del Ministerio de Modernización viene a coronar una serie de problemáticas sin precedentes.

Aquí es necesario destacar primero la implementación del GDE (Gestión Documental Electrónica) desde la asunción del macrismo, tomando como base el sistema ya implementado por éste en la Ciudad de Buenos Aires. El GDE busca reemplazar el uso del papel en la Administración Pública Nacional (APN), al mismo tiempo que digitalizar la documentación existente. Sin embargo, la falta de procedimientos fiables, objetivos, automáticos y claros en su aplicación, han aumentado los problemas para los potenciales usuarios de los archivos, los investigadores y ciudadanía en general ya que no se garantiza el acceso, el uso ni la preservación en el largo plazo de los archivos y el patrimonio documental de la Nación.

El proyecto "modernizador" de Cambiemos, en base a un discurso de eficiencia y economía de recursos propone así una masiva "despapelización" del Estado vía la varita mágica de la digitalización y el "e-doc" (almacenando todo en servidores desconocidos, poco seguros, sin tener certezas sobre el tiempo de guardado). Aquí el problema radica en que la nueva gestión electrónica no garantiza que los documentos producidos de ahora en más sean auténticos, íntegros y accesibles, por lo cual se pone en duda la fiabilidad del nuevo documento electrónico y de los documentos digitalizados como fuentes para la investigación, no sólo histórica sino también judicial. En este último caso, pensemos especialmente en los documentos que sirven de aporte a las causas por delitos de lesa humanidad.

El documento de archivo es fiable en tanto y en cuanto cumpla con una serie de condiciones[1], independientemente de su soporte, sea papel, audio, electrónico, etc., pero aquí se está implementando un sistema sin ningún tipo de control ni estándares de gestión documental, por lo que no se puede garantizar su fiabilidad, integridad, autenticidad ni accesibilidad. Establecer el valor legal de un documento no es sólo cuestión de sacar legislación que lo avale, sino que el propio documento generado en este nuevo sistema tiene que cumplir una serie de caracteres internos y externos que el GDE local no garantiza aún.

Por ello, no se trata de ser "fundamentalista del papel" o de los soportes documentales tradicionales. La digitalización sirve efectivamente para la preservación y difusión de los archivos. Es más, podemos decir que es hasta una herramienta democratizadora, pero solo si se la implementa bien, en tanto y en cuanto se garanticen ciertos procedimientos y cuestiones como el acceso, la correcta indización y descripción (metadatos) para la búsqueda y recuperación de la información, controles de calidad, y la preservación a largo plazo de los documentos digitalizados. Esto último es una los principales cuestiones, ya que aún no se ha encontrado una solución satisfactoria a la obsolescencia de lo digital.

La mencionada función democratizadora, sólo puede cumplirse en la medida que asegure el acceso y el uso de los documentos electrónicos y digitalizados para la ciudadanía en general. Pero cabe preguntarnos ¿qué proporción de la ciudadanía posee los medios y recursos para "aprovechar" esta "democratización" de la información? ¿Cómo van a hacer trámites que ahora son exclusivamente vía electrónica, personas que no cuentan siquiera con electricidad? Y ello sin pensar en quienes no están alfabetizados en las nuevas TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación).

A los problemas de transparencia, fiabilidad, integridad, autenticidad y accesibilidad, la resolución 44/2016 de Modernización no contempla para nada el potencial valor secundario de los documentos de archivo como posible fuente para la investigación. Así lo evidencia en sus artículos 8 y 9 que le retiran las atribuciones y competencias al Archivo General de la Nación establecidas por la Ley 15930 para dictaminar el valor histórico de la documentación y por ende qué es de guarda permanente. La normativa además deroga el Decreto 1571/81, siendo algo inédito que una resolución o disposición administrativa derogue decretos y modifique leyes de mayor jerarquía. Así ya no es obligatorio crear, una comisión evaluadora de selección documental para determinar qué se guarda y qué se tira. La misma se conformaba por un archivista, un abogado, un contador o licenciado en administración y un administrativo perteneciente a la institución que ha generado el documento. Esta potestad queda ahora en manos de directores nacionales o autoridades de igual rango del área del Poder ejecutivo que a su total discreción pueden proceder a expurgar la documentación sin consulta alguna.

La evidente irresponsabilidad del dictamen amenaza la conservación de la documentación generada por la Administración pública impactando sobre el ejercicio de derechos y el estudio de la historia en el futuro inmediato. Claro que no debe sorprendernos en la medida en que el líder de Cambiemos, Mauricio Macri, ha remarcado en más de una oportunidad que el pasado es algo que nos ata y evita que la sociedad avance.

La preocupación de la comunidad se multiplica y así lo expresan distintos colectivos de historiadores como la ASAIH (Asociación Argentina de Investigadores en Historia), que exigen la derogación de la normativa para asegurar el futuro ejercicio de la memoria colectiva y garantizar el derecho a recordar que los pueblos merecen.

Como ya señalamos, este tipo de políticas "modernizadoras" del Estado que se encubren detrás del discurso de servicio universal, de igualdad de acceso, mejoramiento de la calidad, es la búsqueda eficiencia de recursos.

En este sentido, el sistema también fue pensado y utilizado para controlar, disciplinar y presionar a los trabajadores estatales, detrás de la llamada "modernización" y "optimización" de la APN. Esto afecta a los estatales porque súbitamente se les introdujo un sistema de trabajo diario sin brindar las herramientas ni los conocimientos necesarios para desempeñar una labor "eficiente". Se los convoca de un día para otro a capacitaciones "express" sobre el GDE que no logran satisfacer las demandas ni brindar soluciones a los problemáticas diarias y prácticas que van surgiendo día a día con el nuevo sistema, el cual no sólo es deficiente sino que va cambiando/ajustándose/corrigiéndose cada día alterando las condiciones de trabajo de los estatales (porque como dice el historiador oficial Luis Alberto Romero "gobernar también es equivocarse"…)[2]. Esto más grave aún, si pensamos que el mismo sistema va a ser utilizado como un medio para medir la productividad de los trabajadores estatales y otorgar en función de ellos premios y castigos económicos. Al mismo tiempo que ofrece al ejecutivo las justificaciones "eficientistas" de los futuros despidos.

Acompañamos entonces, toda medida tendiente a revertir la implementación de la resolución 44/2016, y denunciamos enfáticamente la política "de olvido" que busca llevar adelante con esto el gobierno. Ahora bien, reconociendo las ventajas de la digitalización y la implementación de la gestión documental electrónica, es necesario exigir la revisión del sistema actualmente vigente y que se generen las condiciones que garanticen la producción de documentos auténticos, fiables, íntegros y accesibles para el conjunto del pueblo; al mismo tiempo que se asegure la preservación de la documentación histórica.


[1] Uno de los factores relevantes dentro de los archivos en formato digital es la confianza que se puede tener de los mismos. Ello implica que los mismos sean fiables, auténticos e íntegros. Así en un documento de archivo su fiabilidad como prueba de un hecho se da cuando el mismo puede sostener al hecho del que es relativo y es establecida su relación, examinando la completitud en la forma del documento de archivo y el nivel de control ejercido durante su proceso de creación. La autenticidad es la cualidad que tiene un documento de archivo para ser lo que pretende ser y estar libre de alteración o corrupción. Así, para afirmar que un documento de archivo digital es auténtico se requiere proteger su integridad, esto es, que debe estar completo y sin alteraciones, así como mantener su identidad, para lo cual es necesario preservar las características que lo identifican de forma inequívoca y lo distinguen de cualquier otro documento de archivo.

[2] http://www.clarin.com/opinion/gobernar-equivocarse_0_ByngyX5Ke.html

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