Nuevo sitio No a la baja de la edad de "imputabilidad" 13 Febrero 2017

Los pibes y pibas no son peligrosos/as: están en peligro

El llamado “debate sobre la imputabilidad penal de menores”, igual que la discusión sobre los “extranjeros que vienen a delinquir”, es el perfecto ejemplo de cómo las leyes sirven para disciplinar a los desposeídos que el propio sistema arroja a sus márgenes y para construir un “enemigo interno” que legitime la represión.

Edición N° 2

A Vencer - La Llamarada (Febrero - 2017)

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No a la baja de la edad de "imputabilidad" | Los pibes y pibas no son peligrosos/as:  están en peligro

De manera cíclica, funcionarios, políticos del sistema y sus repetidoras mediáticas instalan en la agenda el "debate sobre los menores", que difunde datos falsos, generalizaciones absurdas y plenas falacias y se resume en el espasmódico reclamo de la baja de la edad de punibilidad.

Desde su propio planteo, y aunque algunos de sus promotores introduzcan cuestiones en apariencia progresivas, toda la discusión está dirigida a endurecer el sistema penal en perjuicio de los y las más débiles, sin que ninguna de las soluciones propuestas se aproxime siquiera a proveer una vida más segura para nadie.

Podríamos retrotraernos a las incesantes campañas de "ley y orden" de la etapa menemista, protagonizadas por personajes como Miguel Ángel Toma, Carlos Corach, Aldo Rico o Mirta Pérez (la "ingeniera Blumberg" de Menem), o al proyecto de Fernando De La Rúa del año 2000, que ya proponía reducir la edad de imputabilidad a 14 años. En 2001 los voceros del asunto fueron el ministro de Justicia bonaerense, Jorge Casanovas y el de Seguridad, Ramón Verón. A partir de 2004, Blumberg mediante, circularon tres proyectos en el congreso, del peronismo kirchnerista, del peronismo no kirchnerista y de la UCR-Acuerdo Cívico y Social, que se fundieron en uno consensuado, que responsabilizaba penalmente a chicos/as a partir de los 14 años, y que años después, obtuvo media sanción en el Senado. En 2008 el propagandista de turno de la "peligrosidad de los menores" fue Daniel Scioli.

¿Qué significa bajar la edad de imputabilidad?

La expresión "edad de imputabilidad penal" refiere a la determinación del momento a partir del cual un/a chico/a es considerado lo suficientemente maduro como para ser penalmente responsable de sus actos.

Así como los niños y niñas no son considerados civilmente responsables hasta que alcanzan cierta edad, y por lo tanto no pueden realizar válidamente actos que requieren plena madurez como contratar, casarse o salir del país, tampoco deberían ser tratados como si fueran adultos/as cuando son acusados/as por un delito. Es una simple consecuencia del proceso de desarrollo de cualquier persona que explica por qué también son "inimputables", como si fueran niños/as, las personas con discapacidades psíquicas que les impiden como dice la ley "comprender sus actos y dirigir sus acciones".

El actual sistema presume que, a partir de los 16 años, existe la suficiente madurez como para juzgar y eventualmente condenar o absolver a un chico o una chica, aunque, como no ha adquirido la mayoría de edad, hay normas específicas para llevar adelante el proceso como el régimen de Responsabilidad Penal Juvenil de la provincia de Buenos Aires, que si nos atenemos a la letra, recoge todas las garantías y derechos que impone la Convención Internacional de Derechos del Niño.

La aplicación concreta del sistema, sin embargo, demuestra que esas garantías y derechos sólo son de efectivo goce en contadísimas excepciones, concretamente cuando la familia dispone de recursos materiales para evitar que el pibe o la piba desaparezca en el sistema estatal de "protección de menores", que se reduce a un defensor oficial de existencia prácticamente virtual, que verán una o dos veces en todo el proceso y una serie de lugares para la disposición de los chicos que en poco se diferencian de una cárcel de adultos.

La vieja facultad tutelar de "disponer del menor" (internarlo en un instituto) hoy aparece matizada con otras expresiones más presentables, así como al instituto de menores o reformatorio se lo llama "Centro de Recepción, Evaluación y Ubicación" en territorio bonaerense o "Centro Socioeducativo" en el ámbito nacional. Pero se llamen como se llamen, siguen siendo cárceles de niños y niñas, donde sistemáticamente se aplica la tortura y se producen muertes como en todo el sistema carcelario.

Por otra parte, el chico o la chica que no ha cumplido los 16 años no será juzgado/a, pero a partir de su ingreso al sistema penal, su vida quedará sujeta al escrutinio estatal, cuyos funcionarios tienen la potestad de decidir su destino, lo que incluye, como en el caso del que tiene de 16 a 18 años, la posibilidad concreta de ser institucionalizado/a, cualquier cantidad de veces, por razones argumentadas como "asistenciales", es decir, porque la familia es pobre y en lugar de resolver esa situación, el estado encierra al pibe o a la piba.

Bajar la edad de imputabilidad, entonces, sólo incrementa la vulnerabilidad de los pibes y pibas de 13, 14 o 15 años, que podrán ser directamente juzgados y condenados/ as para llegar más rápido y con menos eufemismos al encierro que marcará su vida para siempre.

¿Cuál problema es "el problema"?

Cuando frontalmente nos oponemos a la baja de la imputabilidad penal, es frecuente que nos respondan "¿Y cómo resolvemos entonces el problema?". La propia pregunta devela la falacia, ya que los propios datos oficiales demuestran que la participación de chicos y chicas de menos de 16 años en delitos graves es poco menos que inexistente, ya que ronda el 1% del total. Se trata, como tantas veces, en instalar como imperativo que hay que resolver algo que no existe, para distraernos de los problemas reales que padecen los y las trabajadores y el pueblo, al tiempo que construyen un enemigo interno que legitima la represión, en particular la militarización de los barrios, las detenciones arbitrarias y el gatillo fácil.

Mientras hacen correr ríos de tinta para debatir "qué hacer con los menores que delinquen", mientras los más reaccionarios proclaman encerrarlos y tirar la llave, y los tintureados de progresistas hablan del "superior interés del niño" y el "abordaje integral de la problemática de la minoridad" para llegar más o menos a la misma conclusión, pero mejor presentada, crece incesantemente la cantidad de niños y niñas sumidos en la pobreza. La mayoría de los y las pobres son jóvenes y en su mayoría pobres. Ése es el problema que el gobierno (éste y cualquier otro que defienda los intereses de los dueños de todo) no puede resolver, porque es su causa.

El problema no es que los pibes y las pibas de menos de 16 años no tengan "garantías procesales" como tienen los presos adultos/ as pobres (sí las tuvieran). El problema – nuestro problema- es que los pibes y pibas de nuestros barrios no pueden acceder a la escuela, no tienen garantizada una vivienda digna ni tienen protegida su salud. Ni hablar del derecho al esparcimiento y el juego, brutalmente reemplazados por el trabajo infantil, las redes de trata o el reclutamiento para delinquir, dirigidos por la policía.

Por eso, nuestra tarea es no dejar que nos confundan sobre cuáles son nuestros problemas y abocarnos a forjar las herramientas para defendernos y resolverlos. Para organizarnos y luchar por igual contra la explotación y la represión, para que los pibes y las pibas pobres dejen de ser "menores" y vuelvan a ser chicos/as, niños/as con derecho a soñar y realizar sus sueños.

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