Nuevo sitio Urge extender la lucha unitaria de las y los trabajadores 12 Febrero 2017

La reforma laboral de Macri

Una de las principales preocupaciones del gobierno es la debilidad competitiva del capitalismo argentino y, en función de esto, la “reducción de costos” se convierte en un objetivo primordial. ¿Qué costos? Como siempre, los empresarios pretenden que los trabajadores seamos la variable de ajuste, aun cuando la mitad de los argentinos gana menos de $8.000 mensuales y casi 5 millones viven con menos de $5.000 por mes. Pese a ello, el gobierno se trae entre manos una nueva reforma laboral que agrava aún más las condiciones de vida de los trabajadores.

Edición N° 2

A Vencer - La Llamarada (Febrero - 2017)

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Urge extender la lucha unitaria de las y los trabajadores | La reforma laboral de Macri

Una reforma con historia: a la sombra de los 90

En la década del 90 el menemismo tuvo como una de sus políticas centrales la modificación del modelo de relaciones laborales que regía en nuestro país. La dictadura del 76, perpetrando un genocidio de Estado y marcando a sangre y fuego la derrota de un proyecto revolucionario de la clase trabajadora, estableció una nueva correlación de fuerzas entre la clase dominante y los trabajadores, muy desfavorable para estos últimos. Sobre esta base, a partir de los 90 se impulsó una reforma laboral que incluía: la preponderancia de los contratos laborales por tiempo determinado, los llamados "contratos basura", la extensión a un año del periodo de prueba y la descentralización de la negociación salarial.

El objetivo central era reducir el costo laboral de las empresas, abaratando los despidos y las cargas sociales, con la promesa de que así se generaría más empleo. Esta política llevó a una reducción de las contribuciones patronales del 49% a 34% entre los años 1990 y 2002, pero el desempleo en esos mismos años creció del 7% al 21%.

El problema de competitividad, marcado por la dependencia del capitalismo argentino, ya ha intentando subsanarse a partir de esta reforma que generó tanta pobreza y hambre en nuestro país. Veremos las propuestas del gobierno para este año, y cualquier similitud con las de los 90, no es pura coincidencia: se trata de la lógica capitalista, cuidando siempre los bolsillos de los empresarios.

La diferencia es que, mientras el menemismo presentó un paquete de medidas, el macrismo va avanzando paso a paso con iniciativas que, de conjunto, constituyen una reforma tan o aún más grave que la de antaño.

Preparando la ofensiva patronal

En septiembre de 2016, el gobierno presentó a la UIA el Plan Productivo Nacional que contemplaba dentro de sus ocho objetivos centrales: la "reducción del costo capital" y la "mejora del capital humano y la productividad laboral": "A través del fortalecimiento del sistema de formación para el trabajo, promoviendo el primer empleo y la formalización laboral, y reduciendo costos del ausentismo y la litigiosidad laboral."

Con este plan ya trazado, el ejecutivo se hace eco de las noticias e informes de consultoras internacionales que señalan los supuestos altos costos laborales en el país. Así, por ejemplo, el último informe de competitividad del World Economic Forum que contempla 2015-2016 muestra a la Argentina como un país que no es productivo ni atractivo para los inversores (ubicándola en el puesto número 139 de 140 países en eficiencia en el mercado laboral). A su vez, en varios medios hegemó- nicos se ha presentado como noticia que "la suma de aportes personales y contribuciones supera el 35% del salario bruto". Y aunque en el 2016 el costo laboral bajó un 8% en dólares, se sostiene que es muy poco en comparación con los países vecinos (en Brasil y en Chile esos aportes representan alrededor del 30%, en Colombia el 28%, en México el 19% y en Uruguay el 11%). Nada se dice de las paupérrimas condiciones de vida de los trabajadores en México y Uruguay; del cercenado derecho de huelga en Chile; de la bajísima tasa de sindicalización en Colombia (agravada por los más de 3000 sindicalistas asesinados en las últimas décadas). Tampoco dicen que la crisis política y económica que golpea a Brasil está siendo sostenida a costa de los trabajadores.

Aunque parezca un chiste de mal gusto, el otro argumento que sectores del gobierno alegan para intentar vender la reforma laboral, es la triste realidad de que el 35% de los trabajadores argentinos son empleados informales. El sueldo que reciben es la mitad que el de los empleados formales y en el último trimestre el salario de este sector tuvo una caída interanual de 8 puntos porcentuales (más elevada que en el sector formal). Según los empresarios y el Gobierno esto se debe a que en Argentina existen impuestos, una justicia laboral y regulaciones "inviables". El objetivo es claro: disminuir las obligaciones empresariales y reducir sus costos para blanquear al sector informal, algo que repercutiría en una reducción de derechos a futuro para la totalidad de la clase.

Así Cambiemos va comenzando a desplegar su reforma laboral, a partir de un discurso que intenta mostrarla como la única posibilidad y esconder las responsabilidades de los empresarios. Ejemplo de esto son los dichos del secretario de Empleo, Miguel Ángel Ponte, para intentar naturalizar los despidos: "La posibilidad de entrada y salida del mundo laboral es una esencia del sistema laboral. Como en el organismo lo es comer y descomer".

Las medidas en carpeta

La reforma laboral se expresa en una serie de medidas que el gobierno pretende aplicar gradualmente e implementar de manera sectorizada para desarticular una lucha unitaria de los trabajadores en la calle, y así esquivar la conflictividad social. Las medidas ya se están empezando a desplegar y su objetivo es muy claro: lograr que los trabajadores retrocedan en las conquistas de derechos y marcar una nueva correlación de fuerzas entre las clases.

En este sentido, la profundización en la precarización laboral que el kirchnerismo sostuvo durante su gobierno, se expresa en: diversas formas de contratación (desde pasantías hasta la proliferación de contratos de locación), la polifuncionalidad y la rotación de tareas, aumento de los accidentes de trabajo y la menor remuneración para el precarizado, lo que repercute en la totalidad de los trabajadores. También se expresa en la pretensión de reducir las contribuciones patronales como en la intención del gobierno de discutir aumentos salariales por productividad en las próximas negociaciones paritarias.

El DNU de Macri para aprobar la modificación de la Ley de Riesgos del Trabajo, va en sintonía con esta reforma laboral y muestra el apuro del Gobierno por cumplir con las promesas para los empresarios. Con el pretexto de lidiar contra la "industria del juicio" el gobierno no hace más que dificultar el acceso a la justicia por parte de los trabajadores, con el objetivo de que los mismos queden entrampados en un complejo y dilatorio proceso médico administrativo, como condición indispensable para poder realizar un reclamo judicial. El problema fundamental de la prevención de los accidentes laborales, de la seguridad en los lugares de trabajo, su higiene y su salubridad como el camino más deseable para evitar reclamos, no es ni mencionado por el gobierno.

Por otro lado también el macrismo intenta avanzar sobre la Justicia del Trabajo, con un traspaso inconsulto de la Justicia Nacional a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que expresa una disputa política por la influencia en el fuero más importante a la hora de limitar o eliminar los derechos de los trabajadores.

Parte de la ofensiva de los empresarios, también se expresa en el intento de aplicar techo a los aumentos salariales en las paritarias, utilizando como único parámetro la inflación futura, es decir la prevista para el 2017, sin ni siquiera considerar la pérdida del poder adquisitivo de los laburantes con una inflación que rondó el 40% en el 2016. Ni qué hablar de utilizar como parámetro el derecho del trabajador a percibir un Salario Mínimo Vital y Móvil, tal como establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Solo sectores antiburocráticos como los Aceiteros han logrado torcerle el brazo al gobierno en este punto.

Asimismo, un nuevo elemento que se incorpora a la reforma en marcha es la intención de Cambiemos de transformar ciertos planes sociales como un subsidio para financiar parte del salario de los trabajadores a favor de las patronales, ya que el Estado se haría cargo de entre un 30 y un 40% del salario de los trabajadores.

Los primeros ensayos

Con esta batería de medidas bajo el brazo, el macrismo anunció en enero su primera conquista en la reforma laboral: la firma de las modificaciones al convenio de trabajo para los empleados de los yacimientos no convencionales de gas y petróleo en Vaca Muerta, de la mano del gobernador de Neuquén, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y la Pampa, conducido desde 1984 por Guillermo Pereyra, y el Sindicato de Petroleros Jerárquicos, que tiene como titular a Manuel Arévalo.

La "adenda" al convenio de trabajo se logra a partir de la presión empresarial con la baja de 33 equipos de exploración y 1700 despidos, obligando a los petroleros a ceder beneficios para conservar el empleo. Así se ha firmado un acuerdo con condiciones que exponen la salud y la seguridad de los trabajadores: la jornada laboral se modifica al no incluir los tiempos de viaje (llamados "horas taxi") ni los tiempos de descanso entre actividades; se eliminan horas extras de fines de semana y feriados; se habilita el montaje y desmontaje en horarios nocturnos; se impone la multifuncionalidad, y las cuadrillas podrán trabajar cuando la nómina no esté completa.

Se estima que con estas modificaciones las empresas bajarán un 30% sus costos operativos, mientras que el Estado nacional eliminó las retenciones a las exportaciones petroleras y las provincias no incrementaran la presión tributaria sobre las mismas. Las empresas por su parte se comprometieron a invertir y a no despedir trabajadores, aunque habilitarán un registro de retiros voluntarios. Una oda a la flexibilización laboral.

En el mismo camino de avalar los objetivos centrales de la reforma laboral se encuentra la conducción burocrática de Marcos Castro, Presidente del Centro de Capitanes de Ultramar y oficiales de la Marina Mercante. A través de una confusa asamblea de dicho gremio se facultó al presidente del Centro a suscribir "previa aprobación de la reunión de la Comisión Directiva, Convenios Colectivos de Trabajo para embarcar en buques que realicen mayoritariamente navegación internacional".

Con esta facultad, las empresas propondrán el marco regulatorio de las relaciones laborales que "necesitan" para operar y es el gremio en Comisión Directiva el que las acepta o pide modificaciones. Se avanza, con este antecedente, hacia un esquema de Convenio Colectivo de Trabajo por empresa, al estilo liberal, que detona el Convenio por actividad y empieza a marcar diferencias entre los propios trabajadores de una misma rama de acuerdo a sus empleadores.

Con estas referencias se comienzan a plantear en distintos sectores, y de forma fragmentada lo que en su totalidad será la estructura de la reforma laboral que pretende el macrismo. Según lo define el Plan Productivo Nacional, se avanzará por los sectores más vulnerables frente a la competencia internacional, lo que presupone que los próximos serán Calzado, Textiles y Juguetes, aunque también han trascendido negociaciones avaladas por el propio Macri entre la industria frigorífica y el sindicato de la carne.

Por el lado de los estatales, el 12 de enero se publicó la Decisión Administrativa n° 12 que determina que se congelará durante un año la planta (permanente y transitoria) de la Administración Pública Nacional. En este sector se profundizan los pedidos de evaluaciones de desempeño poniendo el eje en la famosa "meritocracia", y hasta se prevé una millonaria "carrera" instrumentada desde Modernización para incidir en los ascensos de personal. Los docentes por su parte encuentran amenazada la paritaria nacional de su sector. Si bien en los hechos en los últimos años cada provincia terminaba negociando por separado, es un nuevo avance del gobierno para fragmentar aún más las negociaciones paritarias y desconocer el papel de los sindicatos y federaciones, intentando llegar a un acuerdo de un mínimo de aumento salarial con una reunión con los gobernadores.

Reforma para todos y todas

Los jóvenes, la nueva generación de laburantes, tendrán que hacer frente a dos refritos de los 90. Por un lado el impulso de la Ley de Primer Empleo, o mejor llamada "Ley Mc.Donalds", frenada por el momento en la Cámara de Diputados pero con intención por parte del gobierno de volver a presentarla en el transcurso de 2017. A partir de la misma se apunta a flexibilizar la entrada y salida de la relación laboral, con la excusa de que eso va a generar mayor "empleabilidad", es decir, generar las condiciones para que los jóvenes puedan insertarse en el mercado laboral bajando los costos, permitiendo contratos a término, sin aportes y sin cobertura.

Por otro lado, el gobierno promete la creación de 300.000 nuevos empleos para el año en curso con un programa de pasantías para jóvenes. Las mismas también se introdujeron en los 90 y continuaron hasta la actualidad, como una forma para abaratar costos laborales, utilizadas tanto por empresas privadas como por el Estado. Pese a esto el Ministro de Trabajo afirma que "no va en detrimento del derecho de los trabajadores" y que "hay que sacarnos todos los prejuicios".

Por su parte, las mujeres deben seguir enfrentando las condiciones de desigualdad que son una continuidad histórica en la Argentina; a la par de enfrentar la nueva reforma laboral del macrismo, que las encontrará más vulnerables. Recordemos que en nuestro país, la tasa de participación laboral de los varones es de 79% mientras que la de las mujeres es de 56%. En promedio se registra que las mujeres ganan 32,3% menos que los varones. El 41% de los avisos que ofrecen puestos de trabajo solicitan exclusivamente varones. En este contexto, el movimiento de mujeres, que se expresó con fuerza en 2016 en el primer paro de mujeres contra la violencia machista y que prepara uno nuevo para el próximo 8 de marzo, deberá plantarse contra la precarización laboral que tanto impacta en las mujeres y tomar en sus manos la lucha contra la reforma laboral.

Por último, es preciso señalar que la reforma laboral menemista arrojó en aquella época la desfinanciación de las cajas previsionales. La reducción de los aportes son el principio de una reforma jubilatoria que también está en carpeta y el vaciamiento de los recursos del ANSES puede ser una excusa perfecta para el aumento de la edad jubilatoria, que ya comienza a plantearse.

El desafío de la resistencia

El panorama que se nos presenta a los laburantes es sumamente complejo, las mismas reformas de los 90, aplicadas con una lógica distinta: ya no se plantea una reforma laboral de manera completa a partir de modificaciones o innovaciones legislativas, sino que nos enfrentamos a avanzadas flexibilizadoras por sector y en distintos tiempos, lo que implica una gran dificultad para los trabajadores hacernos conscientes de la envergadura y planificación de la reforma. Una vez más, nuestro desafío de primer orden para para la resistencia, es romper con esa lógica que intenta fragmentar la lucha de la clase trabajadora.

La precarización laboral es a su vez, una tendencia del capitalismo a nivel mundial. Los altos índices de trabajadores en la informalidad en nuestro país, son una expresión de la misma. Este panorama nos exige un esfuerzo mayor por la organización de todos los trabajadores, con creatividad y astucia, y pone a la solidaridad de clase como la única garantía frente a las embestidas de la reforma laboral.

Sobran muestras de la complicidad de la burocracia sindical frente a esta reforma. Los casos mencionados son gráficos en este sentido y la firma de la paz social de la CGT con el gobierno, aun cuando haya llamado a un lejano y dudoso paro general para marzo. La recuperación de los sindicatos, el fortalecimiento de las listas, seccionales, juntas internas clasistas y anti burocráticas se vuelven tareas de primer orden en este contexto.

A su vez, debemos prepararnos para una lucha en años, el gobierno cuenta con una serie de medidas que, probablemente, irá aplicando gradualmente, intentando dosificar la conflictividad social. Defender conquistas históricas como los convenios colectivos por actividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil se vuelve fundamental. Para ésta, que es la principal lucha de los laburantes en este periodo, debemos ser conscientes de la necesidad de la unidad de acción en la calle, defendiendo las conquistas; no de una fuerza, ni de una organización, ni siquiera un sindicato: de toda una clase que no puede permitir su propio retroceso. Ante la avanzada represiva del gobierno, también se impondrán métodos obreros de lucha más radicales.

En una sociedad, donde las últimas estadísticas arrojan que el 10% de los que menos tienen se queda con apenas el 1,2% de los ingresos totales, mientras el 10% de los que más tienen aumentó su riqueza hasta el 31,5%, no hay que dudar que si hay algo que reducir, no son los mal llamados costos laborales, sino la apropiación de riqueza por parte de esa minoría. A pesar de las medidas casi idénticas a la de los 90, los laburantes no estamos en las mismas condiciones que en aquella época: hemos acumulado fuerza, así como también experiencia de lucha, hemos fortalecido nuestros sindicatos y buscando mejores herramientas para luchar. Hoy frente a esta avanzada patronal, debemos desplegar toda nuestra fuerza acumulada en la calle.

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