Nuevo sitio Colombia 6 Diciembre 2016

La encrucijada de la paz

Los acuerdos de paz reafirmados por el Congreso de Colombia los días 29 y 30 de noviembre abren un nuevo escenario, lleno de enormes dificultades para el movimiento popular

Edición N° 20

A Vencer (diciembre-2016)

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Colombia | La encrucijada de la paz

Álvaro Uribe recompuso fuerzas con el rechazo a los acuerdos de paz y el triunfo del NO en el plebiscito del 2 de octubre. Su Centro Democrático expresa a la oligarquía colombiana y a los sectores vinculados al narcotráfico, al ejército y al paramilitarismo, que apuestan a la continuidad de la guerra, la derrota militar de la insurgencia, la impunidad de militares y paramilitares, la persistencia del terrorismo de Estado que asesina de forma permanente a las y los militantes populares. El fortalecimiento del uribismo le permitió presionar para modificar los acuerdos de paz y lograr de esta manera el 90% de sus propuestas, lo que empeora las condiciones de las FARC y de los sectores populares. Y aún así, su bloque parlamentario se ausentó de la votación en rechazo al nuevo acuerdo, argumentando que debe sufrir aún más modificaciones. Su debilidad relativa en el Parlamento (por la cual los acuerdos fueron ratificados más allá de su negativa) no se corresponde con su creciente influencia que le permitió, al igual que a la derecha venezolana, tomar para sí la bandera del plebiscito.

Por su parte, Juan Manuel Santos, quien había sufrido un revés con el triunfo del NO, logró retomar la iniciativa al reimpulsar los acuerdos de paz con las modificaciones. Como expresión alternativa de los sectores dominantes colombianos, se propone la "pacificación" de la sociedad para dar garantías de desarrollo al capital local e internacional. Así, el ex Ministro de Defensa de Uribe busca mostrarse como el paladín de la paz, lo que lo llevó a negociar con las guerrillas, le permitió ganar una base de apoyo social y le brindó el reconocimiento de las potencias mundiales y el premio Nobel de la Paz. Pero su bandera de paz no incluye justicia social, reforma agraria, y ni siquiera tiene interés en garantizar la integridad de las y los militantes populares y en desarticular las fuerzas paramilitares.

En ambos casos, las posiciones exaltadas en contra y a favor de la paz configuran una polarización que tienen proyección electoral de cara a las legislativas y presidenciales que se llevarán a cabo a principios de 2018.

En medio de esa disputa, los sectores populares intervienen con sus propios reclamos, y en primer lugar por la paz. Las guerrillas -las FARC y de forma creciente el ELN- consideran que su militancia para construir un proyecto alternativo de sociedad tiene mayores perspectivas de crecimiento si sus combatientes se reintegran a la vida civil, antes que si se mantienen en armas en las condiciones adversas actuales. El resto de los movimientos sociales y partidos de izquierda también militan por la paz, en rechazo al accionar militar y paramilitar. Todos ellos acompañan el reclamo con demandas fundamentales que hacen a los intereses de las y los trabajadores, campesinos y demás sectores humildes. Sin embargo, el escenario es muy difícil para el pueblo colombiano.

Versiones del acuerdo de paz

La primera versión de los acuerdos contenía un programa mínimo. Las FARC habían hecho valer su trayectoria y capacidad de fuego en la mesa de negociación, instalando el concepto de "paz con justicia social". Se garantizaban algunas condiciones políticas y de seguridad para la integración de las FARC a la política civil y se incluía una agenda social que consideraba el derecho a la tierra para sectores humildes.

Sin embargo, la ofensiva de la derecha y las limitaciones del mismo campo popular que no logró estructurar una campaña aún más fuerte por el SI, convergieron en el triunfo del NO en el plebiscito. Fue un duro revés a las organizaciones populares y en particular a las FARC, que habían sostenido la importancia de que el proceso fuera refrendado por el pueblo. La necesidad posterior de canalizar por la vía parlamentaria los acuerdos da cuenta de un preocupante debilitamiento del activismo popular, ahora forzado a subordinarse al bloque legislativo de Santos para avanzar hacia la paz.

Si el establecimiento de una agenda social había demostrado cierta fortaleza de las FARC (reconocidas como actor negociador por el gobierno), el cambio de escenario tras el triunfo del NO evidencia una debilidad relativa de la guerrilla y de las fuerzas populares. Las FARC ya volcadas a un acuerdo (tras cinco años de negociación) no contaban con margen político para replegarse nuevamente hacia la acción militar. Así, las modificaciones que el uribismo empujó y que Santos aceptó de buen grado fueron finalmente aceptadas casi en su totalidad por las FARC, para garantizar la firma de la paz.

Entre las modificaciones que desmejoraron el acuerdo, se incluyen peores condiciones para la integración de las FARC a la política civil: deben poner sus bienes económicos a disposición del gobierno para la reparación de víctimas, su organización política no tendrá bancas legislativas garantizadas, contará con menos recursos económicos que los estipulados inicialmente y la estructura jurídica que se intentaba promover para evitar una caza de brujas de guerrilleros y guerrilleras ha sido debilitada, por ejemplo, con la exclusión de juristas internacionales. Los acuerdos mismos son más débiles, pues se sacó el status constitucional a la gran mayoría de sus artículos (excepto el primero), lo que ata a la discrecionalidad del gobierno de turno su cumplimiento. Y en lo que respecta a demandas sociales, la nueva versión señala que, más allá de que se puedan promover iniciativas vinculadas con el acceso a la tierra, estas tendrán como límite infranqueable el respeto a la propiedad privada existente.

Encrucijada

La paz, demanda sentida de los sectores populares, se está encauzando. Pero su rumbo está siendo guiado por Santos y condicionado por el uribismo, aprovechando el golpe sufrido por el movimiento popular con el triunfo del NO.

Ese impacto fue asumido por importantes sectores del movimiento popular que redoblaron esfuerzos y sumaron voluntades a una nueva campaña por el SI y en defensa de demandas sociales. Movilizaciones, campamentos y distinto tipo de iniciativas a lo largo y ancho de Colombia muestran un movimiento social en crecimiento que busca recuperar el terreno arrebatado por la derecha. Ahora el acompañamiento del inicio de proceso de paz puede fortalecer esta perspectiva.

Sin embargo, tanto el activismo que hoy es parte de las movilizaciones, como las y los combatientes de las FARC que se incorporen a la política civil, enfrentan un duro escenario marcado por el envalentonamiento de la derecha, dispuesta a hacer fracasar los acuerdos de paz y deseosa de encarcelar y matar a los y las dirigentes sociales y a las y los guerrilleros.

La matanza de dirigentes sociales alcanza ya cerca de 80 asesinados y asesinadas en lo que va del año luego de la ejecución de otros cinco militantes en el mes de noviembre. Y esto viene siendo acompañado por una mayor presencia de paramilitares, quienes hacen amenazas públicas y ofrecen pagar por el asesinato de las principales figuras de la izquierda y el campo popular.

Aunque el uribismo es el sector más revanchista, completamente jugado a aplastar a las guerrillas y al movimiento popular, la política de Santos no es opuesta a ello. Su gobierno apuesta a continuar los golpes contra el movimiento popular, aunque en el marco formal de "paz". Es cómplice del paramilitarismo cuya acción se sigue desplegando por toda Colombia, da continuidad al accionar militar del ejército, reprime a las y los luchadores sociales, y aún después de firmado el acuerdo de paz decidió confirmar la extradición a EEUU de Segundo Villota Segura de las FARC, borrando con el codo los propios acuerdos. En este marco, son serios los riesgos que asumen las y los combatientes de las FARC al desmovilizarse.

Por otra parte, que luego de rechazar el carácter constitucional de gran parte de los acuerdos, hayan sido Santos y sus parlamentarios los que permitieron refrendarlos, significa un riesgo para la autonomía de la izquierda y el movimiento popular. El temor a un recambio político hacia el uribismo en las próximas elecciones (lo que llevaría a desandar gran parte de los acuerdos de paz) puede atar a la izquierda a los candidatos de Santos, condicionando en gran medida el desarrollo de una fuerza social que instale las demandas populares. Como contraparte, la aparición de una fuerza política nueva, formada por las y los milicianos de las FARC, que sin dudas estará en el centro del escenario político, puede dar un poco de aire y ayudar a fortalecer una expresión de izquierda que logre alcance de masas.

Enorme desafío para un pueblo que viene mostrando un tesón y heroísmo enormes en su lucha en defensa de intereses populares para dar forma a una nueva Colombia. Junto a ese pueblo, es fundamental desarrollar la más amplia solidaridad y compromiso con su causa.

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Federico Cormick
Autor

Federico Cormick

Docente universitario.