Nuevo sitio La política judicial de CAMBIEMOS: 8 Noviembre 2016

Justicia sólo para ricos

No es novedoso afirmar que el aparato judicial está pensado para garantizar los privilegios de los capitalistas, y que sólo excepcionalmente, a fuerza de lucha organizada, consiguen las y los trabajadores arrancar algún fallo que les sea favorable. Pero desde el inicio de la gestión de gobierno macrista, este escenario se viene profundizando de manera escandalosa en beneficio de unos pocos.

Edición N° 19

A Vencer (noviembre-2016)

A Vencer

Sumario

Compartir Articulo

La política judicial de CAMBIEMOS: | Justicia sólo para ricos

Estamos habituados a exponer y denunciar la forma descarada en que el aparato judicial beneficia a los poderosos y desampara a las y los más vulnerables. Un ejemplo constante es el distinto criterio con que se otorgan alternativas a la prisión preventiva en las causas penales, según quién sea el acusado. Un reciente informe de la Unidad Fiscal de Ejecución Penal porteña indica que, de los 10.597 detenidos alojados en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal, el 62% no tiene condena. En la provincia de Buenos Aires, con el récord absoluto de 33.017 personas hacinadas en unidades con capacidad para 20.000, ese porcentaje supera el 65%, mientras que el promedio en el total país es del 61%. Y si recortamos el dato a las mujeres, encontramos que sólo 3 de cada 10 presas están condenadas. Así comprobamos que, mientras empresarios, funcionarios e integrantes de las fuerzas de seguridad estatales rara vez van presos durante el proceso, y permanecen en libertad incluso después de ser condenados; las cárceles están repletas de pobres sin condena ni posibilidad alguna de esperar el juicio en su casa.

Esta realidad choca con la propaganda oficial (reproducida y ampliada por los medios hegemónicos) de la "puerta giratoria", el argumento clásico para avanzar aún más en el endurecimiento del sistema penal. También muestra cómo funciona la manipulación e imposición de una agenda de debate que tiene como único fin legitimar y rodear de consenso las iniciativas gubernamentales.

Pero hay otros aspectos de la cuestión judicial, mucho más invisibilizados, que dejan entrever de qué manera, a pasos agigantados, la lógica del gobierno de CAMBIEMOS disciplina a los tribunales y los encolumna para que sus fallos sean funcionales a su proyecto político. A lo largo de 2016, los abogados laboralistas han tenido que explicar a sus clientes que lograr una indemnización razonable, en tiempo y forma, por un despido o un accidente de trabajo, es cada vez más difícil, porque los "nuevos vientos" jurisprudenciales y las prácticas procesales tienden de manera descarada a favorecer a los patrones, de la mano con el avance del gobierno contra los y las trabajadores y trabajadoras.

Lo mismo pasa con las reparaciones a víctimas de accidentes de tránsito, de mala praxis profesionales y otros hechos dañosos, cada vez más desprotegidas frente a jueces y cámaras que, desde principios de año, orientaron el timón hacia la protección del patrimonio de las grandes empresas que se reparten el redituable mercado del seguro. Entre los abogados que asisten a estos justiciables, es un dato indiscutido que los montos de las reparaciones por pérdida de la vida, incapacidad por lesiones, daño moral, etc., han sufrido un descenso notable, al mismo tiempo que los mediadores saben que bajó casi un 30% la celebración de acuerdos prejudiciales. Para las empresas es mucho más lucrativo destinar sus fondos a la timba financiera y pagar sentencias en 5 o 7 años con la ganancia obtenida, que hacer un ofrecimiento razonable que evite al pobre diablo o diabla ir a un largo juicio.

Juicio, por añadidura, que cada vez sale más caro. Durante 2016, aumentaron brutalmente los costos fiscales que obstruyen el acceso a la justicia. En la provincia de Buenos Aires, la primera presentación en un juicio implica el desembolso previo de $560 (jus previsional y bono ley 8480), y de $648 si se trata del particular damnificado en una causa penal (se suman la tasa y sobretasa de justicia). En otras provincias el costo es aún mayor, como en Santa Fe (el jus cuesta $1.647 para un accidente de tránsito).

De este modo, la justicia, con la venda más levantada que nunca y mirando bien a quién beneficia, se disciplina al gobierno y contribuye al proyecto macrista de un país para unos pocos, cada vez más ricos, siempre a expensas de los y las explotados y explotadas.

Comentarios

María del Carmen Verdú
Autor

María del Carmen Verdú

Abogada, referente nacional de la lucha antirrepresiva.