Nuevo sitio De mal en peor 3 Octubre 2016

Cambiemos: crecen la represión, las torturas y el gatillo fácil

El gobierno de Cambiemos sigue generando iniciativas para controlar los territorios y acallar las voces de denuncia, mientras fomenta la campaña mediática de “ley y orden” destinada a legitimar la represión. Las organizaciones populares debemos profundizar los mecanismos de coordinación y unidad de acción para defendernos y enfrentar esta avanzada.

Edición N° 18

A Vencer (octubre-2016)

A Vencer

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De mal en peor | Cambiemos:  crecen la represión, las torturas y el gatillo fácil

Nuevas medidas represivas

El lanzamiento de un comando conjunto de las Divisiones de Investigaciones de la Policía Federal y la Bonaerense para patrullar los barrios del conurbano es una de las más elocuentes novedades que confirman el recrudecimiento del embate represivo sobre todos los sectores del pueblo trabajador.

"Los agentes circularán en autos que no son patrulleros, pero que tienen su patente legal, vestidos de civil, con armamentos pesados para hacer foco en el combate contra la inseguridad", se informó. Además de las clásicas brigadas de cada comisaría, que desde siempre controlan los barrios (y, de paso, gerencian el crimen organizado y explotan al "minorista"), ahora vemos estos autos sin identificación, cargados con policías de civil, con armas largas. Algo de esto se había anticipado con la inclusión de los Falcon verdes de los grupos de tareas de la dictadura en el desfile del 9 de julio en Junín.

Paralelamente, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció la firma del "Protocolo General de Actuación para la Protección de la Actividad Periodística", que, después de una serie de consideraciones en las que no dejó convenio internacional sobre libertad de prensa sin citar, dispuso la intervención de las fuerzas de seguridad federales cuando un periodista realice actividades de investigación o cualquier misión profesional sobre hechos de "interés institucional" que pueda generarle riesgos.

El periodista "afectado" deberá entregar al ministerio de Seguridad, o a sus socios en la iniciativa, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), "la información, documentación y pruebas que considere conducentes para acreditar que existe una situación de riesgo o peligro que justifica la ejecución de medidas de protección". Con esos datos, se evaluará la situación de acuerdo a una "matriz de riesgo" y se dispondrá de medios tecnológicos (botón antipánico, video vigilancia, etc.) y de personal para su custodia.

Entre los hechos considerados riesgosos se incluyen los vinculados a crímenes de Estado y de sus funcionarios (violaciones a los Derechos Humanos, hechos de represión, etc.), así como los negocios que comparten con asociados privados (trata de personas, narcotráfico, extorsión, tráfico de armas, contrabando, etc.).

Así, el gobierno de Cambiemos se asegura la supervisión y control de cualquier investigación periodística "molesta". Será cuestión de persuadir eficazmente al trabajador de prensa de que corre riesgo y le conviene pedir protección oficial. Además, queda abierta la posibilidad de una intervención de oficio (sin que el "afectado" lo solicite) en casos urgentes, lo que pone toda la labor periodística bajo control del aparato de seguridad.


La campaña de los medios

A la par de estas medidas oficiales, que se complementan, por ejemplo, con la decisión de reutilizar centros clandestinos de detención como dependencias policiales, crece la brutal campaña de los medios masivos de comunicación para dotarlas de consenso y legitimación. De hecho, en Mar del Plata, por ejemplo, se planea instalar una base de PFA en el Faro Punta Mogotes, donde funcionó la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM), uno de los centros clandestinos de la zona durante la última dictadura.

Todos los días nos bombardean con noticias sobre la "inseguridad" y episodios que denominan de "justicia por mano propia". A tal punto llega el paroxismo por naturalizar que no es delito matar un ladrón (o alguien que, a criterio del tirador y la "opinión pública[da]" lo parezca), que encontramos noticias como la del diario Crónica en su edición del 1 de octubre, que titula "Justiciero baleó a un pibe inocente". La bajada da el contexto: "La ola de actos de justicia por mano propia continúa en el conurbano. Esta vez, el suceso se registró en Merlo, cuando un joven de 24 años hirió de bala a un marginal que se fugaba tras haber robado un automóvil en un taller mecánico, pero en el tiroteo resultó herido un joven de 16 años" (Nótese el uso del vocablo "joven" para el tirador y para el "inocente", y de "marginal" para el herido"culpable").

En el desarrollo de la nota, la trama se espesa. Un muchacho levantó un auto estacionado frente a un taller. El mecánico lo vio y salió a perseguirlo en una moto, mientras llamaba al 911. El del auto terminó chocando. Un vecino del lugar, el Justiciero del titular, sacó un revólver Dobermann 22 largo. Hirió en el tobillo al accidentado ladrón y en la espalda a un chico de 16 años que pasaba.

Nada hay en el asunto de justicia ni por mano propia ni por ajena y, de todos los involucrados, el más peligroso "delincuente" es, precisamente, el apodado "justiciero", al que apenas si se reprocha la herida al pibe como un indeseado daño colateral.

Apenas dos días antes, el mismo diario, de gran llegada a los sectores populares, titulaba: "Robó, casi lo linchan y la Justicia lo liberó: Vecinos indignados". Dos adolescentes empujaron a una mujer, le robaron la cartera y el celular y escaparon. El consabido "justiciero", esta vez de Villa Diamante, los persiguió y atrapó a uno, de 17 años. Lo golpeó de tal manera que el chico llegó al hospital inconsciente, con traumatismo de cráneo. Su entrega a la familia (sin perjuicio que la causa sigue) se fundó en la placa de titanio que tiene en la cabeza. La nota lo llama "marginal", "hampón", "malviviente", "forajido" y "chacal". Obviamente, romperle la cabeza o matar a quien es considerado un "chacal" (y de ese modo se lo deshumaniza) no puede ser considerado delito por la gente de bien.

Masacre en los barrios y represión al pueblo trabajador

En estos días, CORREPI informó que 7 personas fueron asesinadas por el Estado en 8 días (tres en celdas de comisarías, cuatro fusilados en la calle) y advirtieron que son sólo los casos publicados en diarios. En la misma semana, tomaron conocimiento de otros tres hechos sin repercusión pública.

Todos los días circulan denuncias de aprietes y torturas, como las de Prefectura a dos pibitos de la Garganta Poderosa, o ataques a trabajadores y trabajadoras organizados, como sucedió con los compañeros de la Lista Roja de la carne, atacados por una patota de la burocracia.

Pero también vemos que la lucha organizada permite triunfos, como la condena a 20 años de prisión del policía federal Alejandro Aguirrez Manzur, asesino de Carlos Abregú y Emanuel Ojeda, y que cuando logramos actuar colectivamente se puede, por ejemplo, llevar a juicio a los tres Metropolitanos que dispararon con plomo contra comunicadores populares de la Red Nacional de Medios Alternativos en 2013. Del mismo modo, es unánime la respuesta de solidaridad y apoyo a los compañeros represaliados.

Por eso seguimos diciendo que, frente a este escenario que sólo promete empeorar, en la medida que el ajuste en marcha seguirá acompañado de más represión para frenar las luchas, es nuestra tarea fortalecer la coordinación y la unidad de acción que nos exige la coyuntura para sostener la pelea en todos los espacios, y en particular para enfrentar el embate represivo.

Comentarios

María del Carmen Verdú
Autor

María del Carmen Verdú

Abogada, referente nacional de la lucha antirrepresiva.

Ismael Jalil
Autor

Ismael Jalil

Abogado, referente nacional de la lucha antirrepresiva.