Nuevo sitio Las razones de fondo 3 Octubre 2016

El tarifazo en el marco de la crisis energética

El tarifazo efectuado por el gobierno de los CEOs intenta dar un golpe de gracia a la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora y, en consecuencia, recomponer la tasa de ganancia del capital nacional y transnacional afectado no sólo por el congelamiento de tarifas sino por la crisis del sector energético.

Edición N° 18

A Vencer (octubre-2016)

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Las razones de fondo | El tarifazo en el marco de la crisis energética

El comienzo de la presidencia de Macri se caracterizó por una serie de medidas antipopulares en aras de incrementar la rentabilidad de sectores concentrados del capital nacional y transnacional. La quita de retenciones a las exportaciones agropecuarias y a las exportaciones mineras, las subas en las tasas de interés aprovechadas por el capital financiero y el aumento de tarifas de los servicios públicos han sido los elementos centrales de esta orientación económica.

El drástico aumento de tarifas, aplicado principalmente a los servicios de gas y luz, viene a recomponer los ingresos de las empresas privatizadas, reducido durante el último tiempo por la política de congelamiento de tarifas, pero también por la crisis del sistema energético. En primer lugar, es importante mencionar que el tarifazo no reduce el déficit del Estado en materia de energía, sino que traslada ese déficit al conjunto del pueblo de una manera directa.

Por ejemplo, en el marco de las sanciones a las que estuvo sujeta EDENOR durante 2015, la empresa argumentó en su reporte financiero anual que los incumplimientos derivan de la "insuficiencia de los fondos necesarios para destinar a las inversiones, que permitirían el mantenimiento de los niveles de calidad acordados inicialmente, como consecuencia de la falta de actualización en tiempo y forma del Cuadro Tarifario". En este sentido, el tarifazo implica recomponer la "ecuación económico-financiera" en detrimento de los salarios.

Las causas de la crisis energética

La política de subsidios energéticos fue un caballito de batalla del discurso redistribucionista del gobierno anterior. Desde la retórica kirchnerista, el subsidio a los usuarios residenciales, pero principalmente a los industriales, se desarrolló como una forma de contribuir a la "competitividad" del tejido industrial nacional, aportando de esta manera al mantenimiento del nivel de empleo y desarrollo del mercado interno como un pretendido mecanismo de inclusión social.

Sin embargo, lo que la presente crisis va dejando al desnudo es que las empresas industriales "nacionales y populares" subsidiadas lejos están hoy de demostrar un uso productivo de estos gigantescos recursos transferidos desde el Estado. Ante los menores síntomas de la crisis, las empresas locales han ajustado sobre los trabajadores, a la vez que muchas de ellas cuentan con cuantiosas transferencias de dinero hacia el exterior. Misma situación presentan las empresas distribuidoras de energía, que amasaron grandes fortunas encubiertas en el subsidio a los usuarios. En conclusión, los subsidios a estas empresas capitalistas, lejos de haber aportado al desarrollo nacional, sólo han servido para engordar los bolsillos de empresarios que se la "llevaron en pala" y que dejaron poco y nada como saldo invertido, tanto en la industria como en la distribución y generación de energía.

Esta crisis del sector energético viene madurando desde hace años y tiene su epicentro en la producción nacional de hidrocarburos (insumo principal para la producción de electricidad, combustibles y gas de red y envasado). La combinación entre crecimiento de la demanda de energía (industrial y domiciliaria) durante el periodo kirchnerista y el paulatino descenso de la producción local de petróleo y principalmente de gas ha generado actualmente una abrupta brecha entre oferta y demanda que sólo puede ser saldada por importaciones de hidrocarburos (fundamentalmente gas de Bolivia, Trinidad y Tobago, África y actualmente de Chile). Este ciclo deficitario comenzó, según datos del propio Ministerio de Energía, en 2011. Las importaciones efectuadas dicho año para corresponder la demanda energética representaron alrededor de 2800 millones de dólares. En la actualidad, esta situación se ha acentuado. En lo que va de 2016, el ministerio comandado por Aranguren publicó que sólo durante el primer semestre las importaciones alcanzaron 2348 millones de dólares. Nada hace suponer que esta tendencia deficitaria se modifique en el corto y mediano plazo.

En lo que respecta al petróleo, el barril sigue estando subsidiado en Argentina desde la caída de su precio internacional iniciado en 2009. El Estado viene subsidiando y "desacoplando" los precios nacionales de los internacionales desde hace más de 5 años con el objetivo de que las empresas transnacionales sigan percibiendo una ganancia "aceptable" y no se retiren del mercado nacional. Es decir que como única forma de garantizar la continuidad del empleo en el sector, el Estado transfirió millones de dólares desde los usuarios de combustible a las empresas petroleras. Actualmente el gobierno continúa asegurando un precio sostén del barril a 30 dólares por encima de su precio internacional. A pesar de esta transferencia de recursos, actualmente las petroleras se encuentran amenazando con despidos y suspensiones.

A su vez, la caída en la producción de gas (profundizada desde 2008) obedece a varias razones. Por un lado la merma en las reservas y el agotamiento de pozos generó una disminución en la producción, a la vez que la caída de los precios internacionales desalentó las inversiones, aun inclusive en los hidrocarburos "shale" (los que se extraen mediante la contaminante técnica del Fracking), y dejaron en la nada los rimbombantes y entreguistas acuerdos entre YPF y Chevron firmados por Kicillof en 2013.

Este cuadro de agotamiento de fuentes de energía local, principalmente de gas, reemplazada por importaciones (exacerbadamente costosas) resultó un gran problema para la política de ajuste macrista. Es por eso que el tarifazo se convirtió en la estrategia que permite el traslado de estos costos hacia la clase trabajadora, constituyendo de hecho una transferencia de ingresos desde los salarios a las empresas de toda la cadena de valor energética (desde las distribuidoras hasta las petroleras), empresas que en gran cantidad de casos cuentan con participación mayoritaria de capitales transnacionales para compensar sus ganancias.

Una lucha estratégica

En este marco, la lucha contra el tarifazo no sólo trata de la defensa de los bolsillos de los y las trabajadoras frente al ajuste sino también de poner sobre la discusión que clase social paga la crisis energética. A su vez, es necesario plantear el debate ambiental sobre la diversificación de la matriz energética, incrementando el uso de energías renovables, lo cual no puede darse a costa de negociados con empresas transnacionales de las llamadas "energías verdes" ni con el efecto colateral de miles de despidos de los trabajadores del petróleo y gas.

Si bien hasta ahora la crisis viene siendo descargada sobre los hombros de la clase trabajadora mediante el tarifazo de Aranguren, esta política ha sido parcialmente frenada por la movilización y por iniciativas frentistas y multisectoriales contra el ajuste como la Campaña "No Te Dejes Ajustar", de la que somos partícipes e impulsores.

Es necesario realizar una crítica a fondo del sistema energético nacional, donde empresas monopólicas y transnacionales han embolsado grandes ganancias en base al crecimiento de la demanda de los últimos 15 años. Son las mismas empresas que ahora, y con la ayuda del gobierno de los CEOs, pretenden descargar la crisis sobre el pueblo. Sólo una organización del sistema energético basada en criterios sociales y ambientales definidos y controlados por el pueblo trabajador puede dar una salida a la crisis y poner los recursos energéticos al servicio de un verdadero desarrollo industrial.

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Izquierda Revolucionaria
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