Nuevo sitio Nuevas leyes para reprimir mejor 5 Agosto 2016

Buches, infiltrados, provocadores y “condena fácil”

Con la sanción en la Cámara de Diputados de dos proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo, ambos con larga historia de intentos anteriores frustrados, el gobierno de Cambiemos agrega nuevas herramientas al arsenal represivo que descarga a diario sobre el pueblo trabajador.

Edición N° 16

A Vencer (agosto-2016)

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Nuevas leyes para reprimir mejor | Buches, infiltrados, provocadores y “condena fácil”

Promediaba la década del '90 cuando comenzaron a aparecer en el Congreso de la Nación los primeros proyectos de ley que pronto todos conoceríamos como "leyes antiterroristas", presentados tanto por la entonces bancada oficialista, el peronismo menemista, como por la oposición conformada por la UCR y el Frepaso. Todos respondían a exigencias formuladas desde entonces hasta la actualidad por organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y eran promovidos por el Departamento de Estado yanqui y el Pentágono, que así avanzaban en los objetivos para la "seguridad continental" formulados en los documentos Santa Fe I y II.

Con mínimas variantes, todos esos proyectos, que llevaban firmas como las de los diputados Miguel Ángel Picchetto (PJ), César Arias (PJ), Federico Storani (UCR), Melchor Cruchaga (UCR) y Carlos "Chacho" Álvarez (Frepaso), coincidían en la vaguedad de la definición de lo que serían delitos "terroristas", la posibilidad del juez de actuar fuera de su jurisdicción, la de instaurar el secreto de sumario por tiempo indefinido, la prórroga automática de todos los plazos procesales, y creaban las figuras del "arrepentido", el "agente encubierto" y el "testigo de identidad reservada", además de diversos mecanismos para unificar y controlar bases públicas y privadas de datos personales.

El gran repudio, expresado en grandes movilizaciones populares, que causaron esas iniciativas, logró congelar la mayoría de esos proyectos, y sólo algunas pocas modificaciones legislativas fueron sancionadas, disimuladas en otros proyectos de reforma de leyes penales y procesales penales, como el "arrepentido" para causas de narcotráfico.

Si en el período menemista la excusa enarbolada para impulsar esas leyes represoras fueron los atentados a la Embajada de Israel y sobre todo el de la AMIA[1], a partir de 2004 el argumento trocó a la cuestión de la "inseguridad", con el no ingeniero Blumberg como principal abanderado. Así, en mayo de ese año, el presidente Néstor Kirchner y su ministro de Justicia, Seguridad y DDHH, Gustavo Béliz, presentaron un "Plan Nacional de Seguridad" y enviaron al Congreso los proyectos de ley que, de nuevo, incluían todas esas figuras, más otras como la "asociación ilícita terrorista", programas de "recompensas" para informantes y el procedimiento de "flagrancia" para acortar la duración de los procesos.

No todo el paquete pasó. Se reformaron las leyes penales (incremento de penas, nuevo método de sumatoria de condenas, etc., con las habitualmente llamadas "leyes Blumberg"), y en los años siguientes, hasta 2011, cada tanto afloraron nuevas iniciativas, siete de las cuales recibieron sanción definitiva para satisfacer los cada vez más imperativos reclamos del GAFI y el FMI. Así y todo, el proceso no estaba totalmente terminado. Y entonces llegó el gobierno de Cambiemos.

Mauricio Macri ha demostrado, en apenas unos meses de gestión, que él y su "equipo" están decididos a completar la tarea pendiente. Además de dar nuevo impulso a las reformas introducidas por las leyes antiterroristas ya sancionadas con el decreto de declaración de Emergencia en Seguridad Nacional, que expresamente remite a los artículos incorporados por ellas al Código Penal, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció en mayo la remisión al Congreso de dos proyectos para combatir "el crimen organizado". Ambos retoman y amplían aquellos intentos que no pudieron ser. Ya recibieron media sanción de la Cámara de Diputados, y ahora esperan ser refrendados en el Senado.

Uno, que fue votado por Cambiemos, el Frente Renovador y el Frente para la Victoria, amplía el procedimiento ultra rápido de la "flagrancia", que ya no se aplicará sólo a delitos menores sin prisión preventiva, sino a casi todo el Código Penal, e incluye en la noción de "delito flagrante" el caso del "delincuente perseguido por la autoridad policial, la víctima o el clamor popular", consagración legislativa del linchamiento. Es que el trámite de flagrancia prevé que, en 24 horas, la persona acusada sea llevada ante el juez o fiscal, y sin instrucción ni producción de pruebas se llegue de inmediato a la instancia de sentencia. Así, si se trata –como en la abrumadora mayoría de los casos- de presos con defensor oficial, el pobre se enterará de qué lo acusan al mismo tiempo que lo están condenando. Ni hablar del enorme terreno que se abre para la promoción de causas armadas, sin el esfuerzo habitual del plantado de pruebas. Bastará con que alguien grite en la calle "me robaron, allá va", para que, tras una persecución y captura, se aplique la flagrancia.

El segundo proyecto es la culminación de los anhelos que Menem, De la Rúa, Duhalde y los Kirchner no pudieron concretar: la creación legal de lo que el gobierno llama "informante", "agente encubierto" y "agente revelador", y la posibilidad de que, en "casos de urgencia", el juez y el fiscal puedan actuar fuera de su jurisdicción. Quedó postergado el debate sobre el "arrepentido", porque la bancada kirchnerista se negó a tratarlo (sus razones tendrán…)

Según el proyecto aprobado en Diputados, el informante es "una persona que da sistemáticamente información a la policía a cambio de ventajas económicas o procesales". Además de pagarle por lo que se quiera escuchar, su identidad es secreta. Es la lisa y llana legitimación del buche o soplón, como le decimos en el barrio, que ninguna garantía de verosimilitud ofrece y amplía hasta el infinito la posibilidad de fraguar acusaciones.

El agente encubierto es, sencillamente, un espía: un miembro de las fuerzas de seguridad que se infiltra "en una organización criminal para conseguir información", al que se perdonan los delitos que pueda cometer durante ese tiempo. Dado que la diferencia entre "organización" y "organización criminal" es una simple cuestión semántica definida por policías, jueces y fiscales, queda claro el peligro concreto que esta figura trae para los sectores organizados de la clase trabajadora.

Finalmente, el agente revelador es también un miembro de una fuerza de seguridad, que "simula interés en cometer un delito para poder identificar a los involucrados en un hecho". O sea, más que "revelar", incita y provoca el hecho por el que luego serán juzgadas sus incautas víctimas.

De más está agregar que, tanto en el caso del infiltrado como del provocador, sus identidades serán también resguardadas. Expresamente el proyecto establece que sólo serán convocados a dar testimonio en el juicio oral "si fuera absolutamente imprescindible". Y, vaya curiosidad, estas figuras no serán de aplicación para casos de corrupción de funcionarios públicos.

Vemos así, con claridad, de qué modo el gobierno de Cambiemos sigue avanzando en el acopio de nuevas herramientas represivas, que lejos de combatir "el crimen organizado" le servirán para infiltrar, espiar, armar causas y criminalizar la organización popular, todo con absoluta "legalidad", al tiempo que redoblan las facilidades para condenar pobres en tiempo récord. Un escenario que, como pocas veces antes, requiere de la mayor unidad de acción para resistir y enfrentarlo.


[1] Es de destacar que APEMIA, la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA, siempre rechazó la utilización espuria del atentado por el propio gobierno que lo encubrió, y militó activamente la denuncia pública para exponer los peligros de las leyes antiterroristas.

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María del Carmen Verdú
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María del Carmen Verdú

Abogada, referente nacional de la lucha antirrepresiva.